Dr. Anselmo Salvador Chávez Capó
El reciente anuncio del gobierno de México sobre la propuesta de establecer un precio máximo de 24 pesos para la gasolina regular ha generado un debate intenso en torno a la efectividad de esta medida y sus posibles repercusiones en la economía nacional.
Hay puntos de vista opuestos, para algunos se trata de una solución necesaria para proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, Para otros es una medida populista que podría traer más problemas que beneficios a largo plazo, a continuación se presentan los elementos centrales de esta propuesta, sus posibles consecuencias y si realmente es una solución sostenible.
LA PROMESA DE ESTABILIZAR LOS PRECIOS
En medio de la creciente presión económica,–exacerbada por la inflación que se dio durante el periodo postpandemia y que alcanzó hasta el 8.70% en septiembre de 2022 y que desde entonces ha observado una pendiente negativa, llegando al 3.59% en enero de este año, cabe señalar que uno de los principales factores que inciden en el cálculo de la inflación son los altos costos de la energía–, el gobierno de México ha optado por intervenir en el mercado de los combustibles con la promesa de garantizar un precio máximo de los combustibles.
Una consideración a realizar es que no se tiene de manera clara cuál es la gasolina que tendría un límite, ya que en la conferencia mañanera del miércoles pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que va muy avanzado el acuerdo con los gasolineros del país para que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro.
El punto es que no se establece claramente si es la Magna o la Premium. Esta medida busca, en teoría, aliviar el bolsillo de los ciudadanos que enfrentan precios que tienen fluctuaciones muy amplias, muchas veces inalcanzables debido a factores globales como el aumento de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas.
Ofrecer mantener un precio máximo para los energéticos es un enfoque que puede ser muy atractivo para un gobierno que busca apaciguar la frustración popular.
Al final del día, el precio de la gasolina afecta directamente a la vida cotidiana de millones de mexicanos, desde el transporte público hasta los bienes de consumo que dependen del transporte de mercancías.
Esto en un país en el que el costo del combustible impacta en la inflación por lo tanto en el bienestar de la población, ofrecer una solución así, parece ser una respuesta ante el descontento popular.
LOS RIESGOS DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL
Aunque la intervención del Estado en la economía a través de precios máximos suena atractiva en el papel, la historia nos ha mostrado que este tipo de políticas pueden tener efectos secundarios adversos.
Cabe señalar que el control de precios puede ofrecer alivio temporal a los consumidores, pero puede generar distorsiones en el mercado que terminen afectando negativamente a la economía a largo plazo.
Uno de los riesgos más evidentes es el desabasto. Si el precio máximo fijado por el gobierno es inferior al costo real de la gasolina para los productores, estos podrían reducir su oferta, ya que de acuerdo a la presidenta de México “ya que estemos firmando con todos los gasolineros, es un acuerdo voluntario para que no suba”.
Esta idea implica un problema, la manera en que se establece el precio al público de la gasolina es la suma del precio de referencia de las cotizaciones del costo en los Estados Unidos para los combustibles automotrices, así como el tipo de cambio de venta del dólar americano más margen (merma, margen comercial, transporte, ajustes de calidad y costo de manejo), más IEPS, artículo 2, fracción I, inciso D, incluyendo los estímulos fiscales establecidos mediante decreto del Ejecutivo.
A través de esta tasa de ajuste, el gobierno federal puede subsidiar los precios finales que llegan a los consumidores, a fin de estabilizarlos ante variaciones en el mercado internacional. Esto luego de sumar el IVA ( 16% tasa de aplicación general) y otros conceptos como los costos de distribución y logística.
¿Qué es lo qué puede pasar? las estaciones de servicio podrían no estar dispuestas a vender combustible a un precio por debajo de lo que les cuesta producirlo, llevaría a una menor disponibilidad de gasolina y, finalmente, a un aumento en el precio en el mercado negro o la paralización de ciertos servicios básicos.
Además, las medidas de control de precios pueden desalentar la inversión en el sector energético, especialmente si las empresas no pueden obtener los márgenes de ganancia necesarios para operar de manera rentable.
El gobierno podría verse obligado a subsidiar a las empresas privadas que venden gasolina, lo que implicaría una mayor carga fiscal para el país. Esto no sólo aumentaría el déficit fiscal, sino podría desincentivar la eficiencia y la competencia en el mercado de combustibles.
El establecimiento de un precio máximo de la gasolina regular a 24 pesos es una medida que busca aliviar la carga económica de los consumidores mexicanos en un contexto de precios elevados
Sin embargo, la intervención del gobierno en los precios de los combustibles trae consigo riesgos que no deben ser ignorados, como el desabasto, el desincentivo a la inversión y la distorsión del mercado.
Más allá de la medida inmediata, el gobierno debería considerar soluciones estructurales que aborden los problemas subyacentes del sector energético, con un enfoque en la autosuficiencia y la sostenibilidad a largo plazo.
En un mercado global cada vez más incierto, depender de controles de precios no parece ser una solución definitiva. En cambio, una política energética que contemple la diversificación de fuentes de energía y la inversión en infraestructura podría ser el camino hacia una estabilidad económica más duradera y una menor dependencia de factores externos.
