Diana López Silva
La diputada Nora Merino Escamilla urgió al Congreso de Puebla a aprobar la Ley 3 de 3, con el objetivo de evitar que deudores alimentarios, violentadores familiares y aquellos con sentencia por violencia política de género participen en el proceso electoral de 2024.
La coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT) recordó que presentó la iniciativa el pasado 15 de marzo y la ley federal fue aprobada en abril por el Senado de la República.
Por ello, hizo un exhorto para trabajar en este pendiente de la Legislatura, asegurando que “nadie que sea deudor alimentario, que haya cometido o tenga una sentencia por violencia familiar, y nadie que haya cometido violencia política de género, pueda ser candidato o candidata en el siguiente proceso electoral”.
Mencionó que ha tenido mesas de trabajo con colectivos que impulsan esta ley, así como con la diputada de Morena, Daniela Mier, quien también presentó una iniciativa sobre el tema.
Apuntó que tras la aprobación en el Senado, el padrón de deudores alimentarios a nivel nacional ya es una realidad, por lo que “la Ley 3 de 3 tiene que salir” también en Puebla.
En el caso de Puebla, detalló que la reforma corresponde al Artículo 36 Fracción III, que exige a quienes aspiren a un cargo de elección popular el requisito de “gozar de buena reputación y no haber sido condenado por violencia política de género, no ser deudor alimentario ni violentador familiar”.
