Jesús Peña
Las Comisiones de Unidad de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de reforma al Poder Judicial, por lo que podría subir al Pleno en la próxima sesión, que sería mañana.
El grupo parlamentario del PAN propuso un plazo máximo de 120 días para que el Consejo de la Judicatura solicite, bajo protesta de decir verdad, que los miembros del Poder Judicial evidencien vínculo familiar o de otra índole con personas que laboran en sus diversas instancias.
De esta forma, sin trasgredir sus derechos laborales, podría iniciarse un proceso de remoción para quienes, por esa relación personal, puedan comprometer su trabajo.
Ello, luego de que la iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta planteaba iniciar dichos procedimientos a los servidores públicos del Poder Judicial cuyo actuar libre y transparente esté comprometido por cualquier vínculo con algún otro funcionario.
Argumentaron que la disposición es subjetiva, pues quedaría a juicio de cada jefe inmediato superior señalar si sus colaboradores tienen o no un actuar comprometido, por lo que ese papel debe recaer directamente en el Consejo de la Judicatura.
De igual forma, fue eliminada de la propuesta del Ejecutivo el iniciar un proceso de remoción de un magistrado ante una denuncia popular. En cambio, se determinó comenzar con las investigaciones, si es contra un juez el caso será resuelto por el Consejo de la Judicatura, pero si se trata de un magistrado corresponderá al Congreso del Estado aplicar la sanción, basado en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Otro cambio es que no habrá Comité de Implementación, cuya función sería dar seguimiento a la aplicación de la reforma, por lo que será el Consejo de la Judicatura quien lo haga y entregará un informe al Legislativo.
Respecto a las controversias constitucionales locales, el porcentaje de firmas a recabar para solicitarlas quedó en 0.5% de ciudadanos.
Se confirmó que los magistrados ya no serán vitalicios, sino por un periodo de 15 años sin prórroga, además para su designación los diputados especificaron que tras la primera propuesta del Ejecutivo se tienen 30 días para el nombramiento, mismo que debe reunir dos terceras partes de los legisladores.
De no llegar a un acuerdo, el Ejecutivo tiene 30 días para presentar una nueva terna y 30 más para que el Congreso local la vote, pero de no volver a lograr los votos necesarios, entonces el gobernador podrá nombrar directamente el cargo.
Además, se ratificó la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa, tanto en materia de resoluciones como presupuestal, y la observancia de la ley para integrar todas las instancias del Poder Judicial con base en la paridad de género.
