Diana López Silva
Por unanimidad, el Congreso de Puebla aprobó la reforma al Poder Judicial enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, donde representantes de todas las fracciones partidistas reconocieron el diálogo y la inclusión de una decena de propuestas de las bancadas del PAN y del PRI.
En sesión del Pleno, diputados del PRI y de Morena calificaron la reforma judicial como la de mayor calado en esta Legislatura; aunque el coordinador de los diputados del PAN, Eduardo Alcántara, dejó espacio para otras iniciativas de gran trascendencia que podrían aprobar en los casi dos años que le restan a esta Legislatura.
Previo a la votación, no hubo posicionamientos en contra de parte de alguna bancada y todas coincidieron en la apertura que hubo durante el análisis del dictamen, aunque desde la bancada del PAN señalaron que “no es un cheque en blanco” y darán seguimiento a las modificaciones en las leyes secundarias.
Acompañados por su dirigente estatal, Augusta Díaz de Rivera, los diputados del PAN señalaron que esta reforma era necesaria, por lo que celebraron que se hayan integrado sus propuestas sin cambiar la esencia de la iniciativa original, que busca mejorar la impartición de justicia en Puebla.
En los posicionamientos, los diputados de Morena, Eduardo Castillo López y Tonantzin Fernández, destacaron el diálogo y participación de todas las bancadas, al igual que el diputado Antonio López (PT), quien coincidió en que esta reforma aumentará la confianza de los ciudadanos en el aparato judicial, donde la diputada Aurora Sierra Rodríguez (PAN) señaló que sólo 39% de los poblanos confía en las autoridades judiciales, por debajo de la media nacional de 40.3%.
En tanto, los diputados de Morena, Iván Herrera y Carlos Evangelista, marcaron como pendientes la asignación de presupuesto para las áreas de nueva creación en el Poder Judicial, así como regular los “salarios ostentosos de los magistrados”.
La diputada Isabel Merlo Talavera (PRI) hizo un reconocimiento a “la experiencia parlamentaria del gobernador Miguel Barbosa” y la conducción de las mesas de análisis por parte del presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Finalmente, el coordinador de los diputados de Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hizo un reconocimiento al trabajo de todas las fracciones partidistas representadas en esta Legislatura para aprobar esta reforma enviada por el gobernador de Puebla con un objetivo de justicia social y sin tintes políticos ni intenciones de ejercer control sobre otros poderes.
Acompañado por su dirigente estatal, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, aseguró que el gobernador Miguel Barbosa pasará a la historia con la autoría de esta iniciativa: “no podemos regatearle ni escatimarle ningún tipo de reconocimiento, porque lo hace con una forma de propuesta respetuosa a este Pleno, y que sin duda tiene esa visión de lucha contra la desigualdad, y la desigualdad en el acceso a la justicia era una realidad”.
La aprobación fue por 41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, lo que arrancó los aplausos del Pleno.
Se prevé que la nueva legislación mejore la función del Poder Judicial estatal, despues de que sea publicada en el Periódico Oficial.
PRINCIPALES MODIFICACIONES
Destacan los siguientes cambios a la Constitución Política del Estado de Puebla:
- Se modifican los artículos 12, 37, 57, 61, 86, 87, 88, 90, 91 y 94
- Se prohíbe reelección del presidente del Tribunal Superior de Justicia; su nombramiento será por cuatro años
- Se elimina el cargo de magistrado vitalicio; el cargo será por 15 años
- El Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia no serán presididos por la misma persona y se crea el Tribunal Constitucional para resolver conflictos
- Se prohíbe a jueces y magistrados reunirse con las partes fuera de recintos judiciales
- El Congreso local podrá remover a magistrados por incumpliento doloso de impedimento judicial o conflicto de interés
- Se incorpora la reparación del daño a personas o colectivos por fallo erróneo en su contra
- Se crea la Escuela Estatal de Formación Judicial e Instituto de Defensoría Pública
