Es oficial: está “en capilla” la jueza de Control de la Región Zona Norte con sede en Zacatlán, Rosa Celia Pérez González, por liberar al delegado regional de la Secretaría del Bienestar en Chignahuapan, Alfredo Ramírez, alias “El Hierba”, detenido el pasado 17 de abril con armas de fuego y drogas cuando circulaba a bordo de un vehículo marca Renault por la carretera federal a Aquixtla, en el estado de Puebla.
Esta semana se presentó en contra de Pérez González una queja formal ante el Consejo de la Judicatura, el máximo órgano de control y sanción del Poder Judicial del estado, por presunta negligencia y por actuar sin apego a ley y de forma subjetiva.
El caso ha sido motivo, incluso, de un fuerte reclamo por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien la pasada semana públicamente censuró que se haya dejado en libertad al acusado y habló de colusión de algunos jueces y agentes del Ministerio Público con el crimen organizado.
La jueza señalada no es una desconocida: fue quien en 2005 liberó la orden de aprehensión contra la periodista Lydia Cacho, por órdenes del entonces mandatario Mario Marín Torres; el caso –de abuso de poder y tráfico de influencias– llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a punto estuvo de costar el cargo al conocido como “Góber Precioso”, hoy prófugo de la justicia.
Crónica Puebla tuvo acceso a la queja presentada en contra de la juzgadora. En ella se señala que Pérez González no actuó con la “debida diligencia” al no calificar de legal la detención de Alfredo Ramírez y tres de sus acompañantes: Violeta Pérez Rodríguez, Juventino Martínez Islas y Yamil Enrique Chavarría Ortiz, a quienes durante una revisión de rutina se les encontró en posesión de un arma larga tipo mosquetón calibre 7.2 y 10 bolas enrolladas con polvo granulado identificado como sustancia prohibida por la Ley General de Salud.
La queja, que representa en términos reales el primer gran caso del Consejo de la Judicatura de Puebla, explica que la jueza realizó razonamientos “meramente parciales, convirtiéndose además en órgano de prueba al establecer hechos de los cuales sólo la defensa debía argumentar y sustentar”.
Con ello, añade, no garantizó los derechos fundamentales de la sociedad representada por la autoridad ministerial, “creando un menoscabo de credibilidad para la institución de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la misma sociedad”.
En el documento se agrega que Pérez González estableció argumentos que “crean incertidumbre jurídica al no estar sustentados en elementos objetivos, esto es, en una ley u ordenamiento legal que le dé certeza jurídica a su actuar”.
También subraya que no valoró el material aportado por el agente del Ministerio Público, emitió una resolución de forma subjetiva, realizó inferencias personales y favoreció a la defensa de los imputados sin tomar en consideración las pruebas de su presunta culpabilidad.
Por ejemplo: tras su detención, Alfredo Ramírez, de 52 años de edad y quien en 2018 fue candidato de Morena a la presidencia municipal de Ahuazotepec, así como sus acompañantes, fueron trasladados por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal a la FGE en la ciudad de Puebla, pero la juez argumentó que esto fue ilegal pues tuvieron que ponerlos a disposición en las sedes de Zacatlán, Tetela de Ocampo o Chignahuapan. Sin embargo, en su valoración Pérez González omitió hechos que son del dominio público, como el riesgo que se corría al dejarlos en una zona de alta delincuencia como lo es la Sierra Norte y que en el lugar del aseguramiento se concentró un numeroso grupo de personas con el fin de rescatarlos.
De la misma forma, ignoró que el delegado de la Secretaría de Bienestar ya contaba con ciertos antecedentes, dado que aparece como “objetivo” en la página 8 del Atlas Criminal del Estado de Puebla, elaborado por el nuevo titular de la SSP, Raciel López Salazar, y pese a ello, decretó su puesta en libertad.
El pasado 23 de abril el gobernador Miguel Barbosa se refirió, molesto, a este asunto. Dijo que a pesar de la lucha contra la delincuencia, hay jueces y ministerios públicos que están coludidos con los integrantes de los diversos grupos delictivos, quienes han conseguido su libertad a pesar de su historial delincuencial.
“Aun cuando se tiene una lucha contra la delincuencia no deja de haber ministerios públicos y jueces que se coluden, si creen que van a seguir actuando como lo han hecho se equivocan los jueces y las juezas”, advirtió en conferencia de prensa.
Y remató: “Una jueza lo dejó libre, pero no significa que no tenga responsabilidad. Ese señor está más coludido, la justicia lo va a encontrar”.
LA QUEJA YA ESTÁ EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
En febrero pasado Rosa Celia Pérez se inscribió en el proceso de elección del nuevo fiscal General del Estado, hecho que la periodista Lydia Cacho reprobó al recordar que ella fue cómplice de su ilegal detención en 2005.
“Dile a la jueza Rosa Celia que le pago un viaje a Las Vegas” “Ella no se va a ar p’atras contra Lydia Cacho, la jueza es de las nuestras” Kamel Nacif y Juan Nakad https://t.co/RYlxrIP8Iq Esta jueza quiere ser Fiscal General de Puebla en 2020. #EscuchaLaEvidencia pic.twitter.com/DIhkKDBBiB
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) February 7, 2020
“El prófugo de la justicia Kamel Nacif me encarceló y mandó torturar por denunciar pornografía infantil. Se alió con la jueza Rosa Celia Pérez que hoy quiere ser fiscal de Puebla”, tuiteó la autora de Los demonios del Edén.
Aquel año, la hoy señalada como responsable de liberar a un presunto narcotraficante, se desempeñaba como juez quinto de lo penal.
