Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Aunque ya se dio un paso importante, el caso de la fallida inversión en Banca Accendo , que le causó un perjuicio por más de 600 millones de pesos al erario estatal, todavía no ha terminado, es más, su etapa crucial está apenas iniciando.
Por lo pronto, es relevante haber concluido esta semana la investigación realizada por la Secretaría estatal de la Función Pública, la que apoyada con una auditoría de un despacho privado acreditó la existencia de irregularidades administrativas por parte de al menos dos exfuncionarios “de primer nivel”.
Así, por ahora nadie puede negar que el gobierno de Sergio Salomón Céspedes hizo ya su parte, primero al hacer público el desfalco y luego, al proceder con las denuncias que derivaron con el resultado descrito y el consecuente trámite a seguir ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
En su momento, el mandatario aclaró que no se trataba de una persecución contra nadie, sino que al denunciarlo, hizo lo que la ley le obliga. Además que era un deber moral; “entendamos este tema, la omisión también es un delito”, precisaría.
Lo que ahora procede es que será el TJA el que aplique las sanciones correspondientes, que son del rango de “graves” por considerar que probadamente hubo desvío de recursos y encubrimiento de parte de los presuntos responsables de haber ejecutado la operación bancaria en una institución de dudosa reputación, que estaba además a punto de declararse en quiebra.
Y será también esa instancia jurisdiccional la que determine “hasta donde alcanza” la sanción. Estaríamos hablando que eventualmente los inculpados podrían ser acreedores a una posible multa y de inhabilitaciones para ocupar cargos públicos.
Pero todo no quedará ahí. Por su “gravedad”, el caso invadió también al ámbito penal y esas son ya palabras mayores. En un carril paralelo corren denuncias ante la Fiscalía General del Estado y de la Federación, por lo que de probarse responsabilidades, los acusados podrían ir incluso a prisión.
¿De quién estamos hablando?
Por “salvaguardar sus derechos de todas las personas involucradas”, hasta ahora no se ha revelado la identidad de los presuntos responsables, pero es lógico suponer que una es la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro. En ella recae la mayor responsabilidad y en su contra existen además otras agravantes, como el haber ocultado el tema de modo reiterado, incluso en su comparecencia ante legisladores, además que muy posiblemente conocía de los riesgos de la inversión que en su momento gestionó.
Se habla de que el otro implicado podría ser José Enrique Girón Zenil, quien ocupaba en ese periodo la subsecretaría de Ingresos, pero también hay a quienes mencionan incluso a la extitular de la Auditoría Superior del Estado, Amanda Gómez Nava, por su aparente complicidad y omisiones frente al caso.
Como sea, los acusados deberán enfrentar también a las fiscalías del Estado y de la Federación para justificar las anomalías cometidas, con base en los cargos que ya se aplicaron en la auditoría, entre ellos, no haber hecho un estudio de mercado ni seguir el procedimiento para inversiones bancarias, además que se hizo poco o nada para recuperar los recursos invertidos.
Lo peor del caso es que difícilmente el gobierno estatal podrá recuperar los 600 millones de pesos invertidos, luego que Accendo Banco perdió su licencia de operación por su bajo índice de capitalización. Ahora adeuda a sus acreedores casi 6 mil millones de pesos y en el orden de pagos, las entidades gubernamentales son cuartas en orden de importancia, de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito y por lo que dispone el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Los adeudos de Accendo a diversos acreedores suman casi 6 mil millones de pesos, pero antes de resarcir a los gobiernos, tendrá que indemnizar a los trabajadores por sueldos y salarios caídos (30 millones 626 mil pesos), luego deben indemnizar los créditos laborales (7 millones 933 mil pesos), y después, créditos de obligaciones garantizadas (mil 314 millones de pesos).
Finalmente atendería los más de mil millones de pesos que recibió de los gobiernos, que son además de Puebla, los de Veracruz, Tamaulipas, Baja California, Estado de México, Oaxaca, Durango e Hidalgo, así como a los ayuntamientos de Naucalpan, Tlalnepantla, Puerto Morelos, Zapopan y Tijuana, así como otros compromisos con la Lotería Nacional y el Banco del Bienestar.
Por si fuera poco, la gestión se dificulta aún más al existir disputas internas entre los socios de la institución bancaria ahora extinta, la que comenzó a operar cuando el empresario Carlos Djemal (ahora preso en Estados Unidos por Fraude en medios electrónicos) vendió a InvestaBank, el cual compraron los empresarios Javier Reyes de la Campa y Moises Cosío y renombraron como Accendo. De dichos personajes se sospecha, por cierto, por lavado de dinero y de irregulares operaciones internacionales.
Del que no se sabe nada y debería dar la cara, es del exsenador panista y exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien habría recomendado invertir en Accendo, ofreciendo, se sabe, una tasa de interés del 6% anual, superior a la otorgada por otras instituciones mucho más solventes.
Cordero fungía precisamente como el enlace de Accendo con las instituciones gubernamentales, pero esa es otra historia de las muchas por contar todavía en este intricando caso.
