Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Cuando en 2006 de manera literal Andrés Manuel López Obrador mandó “al diablo” a las instituciones, se pensó que solo había tenido un exabrupto derivado de su malestar al ver frustrada su pretensión de lograr la Presidencia del país.
Como protesta contra los órganos electorales y de la propia Constitución, llamándose “presidente legítimo” tomó por varias semanas el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México pero después, al diluirse su reclamo, reinició sus recorridos proselitistas por todo el país hasta que en 2018 logró finalmente su objetivo.
Ahora, 18 años después, ya como presidente de México, López Obrador acredita nuevamente su convicción de menosprecio a las instituciones, al anunciar que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para desaparecer organismos autónomos, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En su conferencia mañanera del pasado lunes, el mandatario acusó que “durante las administraciones pasadas se creó un aparato paralelo al gobierno para tener el control de las decisiones y el poder público, por lo que este debe ser desmantelado mediante una reforma a la administración pública”.
Su argumento es simplista: “no sirven para nada”.
“Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente autónomos, porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, expresó.
Incluso, enfatizó que cada vez que su gobierno quiere defender a Petróleos Mexicanos o a la Comisión Federal de Electricidad, “sale el Instituto este de la Competencia (Cofece) a defender a los particulares”.
Hay un trasfondo por demás evidente: al presidente no le gusta que nada ni nadie se le transponga. De ahí su obsesión de confrontar a los organismos autónomos que son –deben ser– vigilantes de su gestión y de sus decisiones.
Es claro que no quiere asumir que los órganos autónomos fueron concebidos a lo largo de los años justamente para fungir como instrumentos que coadyuven a la transparencia y a la rendición de cuentas para abonar a una mejor democracia y a una más activa participación social.
Simplemente, no quiere contrapesos, como los hay en cualquier país libre, independiente y democrático por ser necesarios para una vida pública más sana, y participativa, sin opacidades y en donde además prevalezca por sobre todas las cosas el imperio de la ley.
Con esa errada visión, su objetivo ha sido extinguir a todas esas instancias reguladoras, o al menos sofocarlas mediante recortes presupuestales, como ha ocurrido con el INE, el INAI, las comisiones Reguladora de Energía, Nacional de Hidrocarburos y Federal de Competencia; al Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Auditoría Superior, el Coneval…
Al presidente se le olvida que fue a través de las instituciones que llegó al poder y que ha sido a través de esa vía que durante las épocas recientes hemos tenido elecciones libres y alternancias pacíficas.
También que hemos atestiguado la consolidación de muchos organismos que ahora nos permiten acceder a información pública; que los derechos se incrementen, o que se facilite la competencia económica y el adecuado manejo de los recursos públicos.
Lo que espetó en 2006 y que ahora refrenda es parte de su formación personal, de la manera en la que vislumbra el uso del poder. “Al diablo con las instituciones” y el “No me vengan con que la ley es la ley” son acaso sus mecanismos de defensa para mantener una total concentración del poder.
A nadie pues debería sorprender que nuevamente despliegue sus mismas banderas y que lo haga además en una coyuntura singular por los conflictos internos por los que atraviesa ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la víspera de un histórico proceso electoral.
Como nada es casual, AMLO quiere allanar el camino rumbo al 2024 y esa ruta no aceptará que nadie lo cuestione, vigile y mucho menos, sancione.
Sus iniciativas no serán aprobadas porque ahora le faltan votos en el Congreso, al no tener una mayoría calificada, pero el mensaje ya quedó enclavado y será su tema, incluso por encima de otros asuntos que merecen mayor atención, como la tragedia de Acapulco o la masacre de Texcaltitlán.
Más que sea una aberración, anular a los organismos autónomos constituye sería tanto como erigir un estado autócrata, una regresión autoritaria que como sociedad no deberíamos permitir.
