Empecinado en figurar como el centro de la atención mediática y a tener injerencia y control de todo, el presidente Andrés Manuel López Obrador embistió ahora contra las universidades.
En reciente conferencia mañanera aseguró que la mayoría de las instituciones de educación superior no han regresado todavía a las clases presenciales y hasta cuestionó que los maestros y administrativos “estén muy cómodos en su casa sin correr riesgos, mientras reciben su dinero”.
También acusó –sin que hubiera aparente motivo– que “lamentablemente existen mafias en universidades públicas, que con cacicazgos controlan el presupuesto e incluso imponen a los rectores”.
¿Por qué tan duros cuestionamientos, que ya provocaron respuestas?
En rector de la UNAM, Enrique Graue, le respondió que “sin entrar en polémicas”, los estudiantes de ciencias de la salud regresarán a clases presenciales cuando hayan sido vacunados contra el coronavirus y de manera voluntaria.
Y además le replicó: “Como rector y como médico, no los voy a exponer coercitivamente”.
Con antelación, en un comunicado la propia UNAM había puntualizado que “ni un solo día” se ha detenido la actividad desde el inicio de la pandemia y que la presencia del estudiantado en aulas “seguirá siendo voluntaria y a distancia para quien no pueda asistir”.
Se aseguró que la presencia física de la comunidad continuará creciendo con las medidas sanitarias necesarias y “como se informó desde un inicio, el regreso a las aulas se intensificará una vez que el semáforo epidemiológico pase al color verde”.
En relación al proceso para retornar a las actividades presenciales, consideró que es una institución educativa “que cuenta con una estructura horizontal para sus decisiones académicas como para la administración y supervisión de los recursos públicos”.
Para el efecto cuenta, agregó, en los distintos niveles de responsabilidad y decisión, con cuerpos académicos colegiados electos por las comunidades, donde se analizan y debaten, en forma libre y plural, los asuntos de su competencia y se toman decisiones a través de mecanismos democráticos.
Con más de 226 mil alumnos en licenciatura y 30 mil 700 en posgrado, la decisión está en los consejos técnicos de las escuelas y facultades; unidades como la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia han vuelto a clases con aforos reducidos.
El reclamo a las universidades, que se replicó apenas este martes con un nuevo llamado presidencial para retornar a sus aulas, no parece entonces ser justificado en el ámbito de sus decisiones internas.
Cada una en el país hace lo que le parece pertinente, como es el caso de la BUAP, cuya rectora Lilia Cedillo Ramírez había dicho en la víspera de rendir protesta que ante todo garantizaría la seguridad de toda la comunidad para un eventual regreso a clases presenciales.
Refirió también que las decisiones se tomarían bajo criterios específicos de cada licenciatura mediante un modelo de educación híbrido “donde se combinen las actividades presenciales con otras a distancia, principalmente en los programas académicos del área de la salud, las ciencias naturales y las ingenierías, y un modelo a distancia para las demás áreas hasta que la pandemia se controle”.
En forma paulatina la BUAP está recobrando además su ritmo de sus múltiples actividades y una muestra es la reactivación del Complejo Cultural Universitario, que ya tiene agendados varios talleres y eventos artísticos y culturales de manera presencial.
El estado de Puebla, por cierto, se encuentra entre las 22 entidades del país en donde 50 por ciento de las instituciones de educación superior no han retomado clases presenciales según hizo saber la titular de la Secretaría de Educación Pública federal, Delfina Gómez.
Tal situación podría variar ante el reciente anuncio de una apertura total de actividades sociales, económicas y comerciales en Puebla.
Respecto a otros casos, en el Instituto Politécnico Nacional, con más de 211 mil 800 estudiantes, desde inicio de este mes se imparten clases en modalidad mixta en las escuelas Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Azcapotzalco y la Nacional de Medicina y Homeopatía, entre otros.
Por ahora en el IPN hay presencia limitada en prácticas y talleres esenciales y algunas clases tienen presencia de alumnos reducida en las carreras de enfermería, médico cirujano, biología y química farmacéutica biológica.
La universidad de Colima ya reinició actividades presenciales esta semana y en la próxima lo hará la Autónoma de Sinaloa, en tanto que la Universidad Autónoma Metropolitana, que dijo preparase para “un retorno gradual, responsable y cuidadoso”, se encuentra en negociaciones con el sindicato.
Es cierto que a más de año y medio que las instituciones de educación superior suspendieron actividades presenciales, la mayoría de sus más de 4 millones de alumnos aún toman clases a distancia.
Es verdad también que ya se ha vacunado al personal educativo y avanza la inoculación en los mayores de edad y tampoco se discute la preocupación presidencial para que el retorno a las aulas se acelere.
Lo que no se entiende es que en un afán de aparentar que los riesgos de la pandemia ya fueron superados, se presione a las instituciones de educación superior a una “normalidad” aun inexistente.
En todo caso, deben ser las propias instituciones las que tomen sus decisiones en el contexto de su propia realidad, la de su entorno y, sobre todo, en el marco de su autonomía.
¿Por qué entonces calificar a las comunidades universitarias de comodinas porque están en sus casas y reciben su salario si arriesgarse? ¿Acaso no acreditan el cumplimiento de su función magisterial con sus clases y asesorías virtuales? ¿Por qué la provocación?
En este tenor, el Sindicato de Personal Académico de la UNAM también ya rechazó las acusaciones y mediante una misiva, le dice al presidente que no es necesario volver a las actividades presenciales para demostrar la naturaleza esencial del trabajo universitario, pues ello ya se hace “desde la incomodidad de los hogares”.
En el escrito, si bien reconocen la superioridad que tiene la educación presencial sobre la virtual o remota, destacan que no se requiere de un retorno a clases “desordenado y atentatorio de la vida y la salud” para demostrarlo.
Mientras transcurre esta disputa innecesaria, queda la duda sobre qué fue lo que quiso decir el presidente cuando refiriéndose al tema de la vuelta a las aulas, “lamentablemente existen mafias en universidades públicas, que con cacicazgos controlan el presupuesto e incluso imponen a los rectores”.
¿Por qué enfatizar que “así como existen líderes charros en los sindicatos, así existen caciques que dominan en las universidades y ellos ponen a los rectores, es lo más antidemocrático que puede haber, y manejan el presupuesto a sus anchas en forma discrecional”?
¿A que venía ese puntillazo? De ser el caso, ¿por qué no particulariza y señala casos concretos, nombres y apellidos? El que acusa debe probar.
¿Cómo explicar ese ánimo permanente de confrontación contra todo y contra todos?
Lo bueno es que esta vez le contestaron. Tal vez sea ese el remedio.
