Soliloquio
Felipe Flores Núñez
De manera formal, el Instituto Nacional Electoral ya dio el banderazo de salida al proceso electoral federal 2023-2024 que, para el caso de Puebla –cuyo proceso arrancará en noviembre–, significa el más grande de su historia.
Y es que están en juego la gubernatura, 41 diputaciones locales, 217 alcaldías, 217 sindicaturas, mil 810 regidurías, cuatro senadores y 15 diputaciones federales.
Sin duda, son muchos los retos que habrán de enfrentarse durante estos comicios concurrentes del año entrante, y no sólo por la cruenta rivalidad entre Morena y sus aliados PVEM y PT, y el Frente Amplio por México, integrado por PAN, PRI y PRD.
Hay además en el actual contexto nuevos desafíos que podrían dificultar la elección, entre ellos la muy probable y persistente intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, el creciente ambiente de polarización, la concurrencia de miles de contiendas locales en medio de un clima de violencia, y la eventual participación del crimen organizado.
A todos esos retos se suma otro más de gran envergadura del que poco se habla, y no es otro que la insuficiente disponibilidad presupuestal que muy posiblemente tendrán los órganos electorales.
De confirmarse esta situación podría poner en alto riesgo la efectividad del trabajo que tienen asignados dichas instituciones como organizadoras y garantes de la legalidad de tan importante contienda.
Por lo pronto, este lunes comenzó ya la discusión y los acalorados regateos en la Cámara de Diputados durante el análisis del Paquete Económico federal de 2024, debido a que Morena y sus aliados prevén no modificar una sola coma a la propuesta presidencial.
Entre los temas que preocupan figura el recorte presupuestal que se prevé aplicar a instituciones fundamentales para la vida democrática del país, como lo son el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Transparencia, y también, en perjuicio del Instituto Nacional Electoral.
En lo que se refiere al INE, según adelantó el diputado poblano Ignacio Mier, todavía coordinador de la bancada de Morena, la reducción de recursos podría ser hasta de 4 mil millones de pesos.
Mientras que, eso sí, en el proyecto presupuestal se están otorgando montos abundantes para las megaobras impulsadas por el gobierno federal, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, además de otorgar cuantiosos subsidios al aeropuerto Felipe Ángeles, a Pemex y a la CFE.
Tal situación ha sido motivo de enorme preocupación para quienes están al frente de los órganos electorales, pero parece imposible que pueda revertirlo.
En su defensa, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, tuvo incluso una reunión con la Junta de Coordinación Política, “ya que existen diputados que no conocen cómo ni en qué se ejercen los recursos”.
Y ha insistido en que su propuesta está elaborada con total transparencia y claridad, basada en los principios de austeridad y racionalidad para hacer frente al hecho de que por primera vez en la historia habrá elecciones en todo el territorio nacional.
Es tal su angustia, que hasta ha dicho que tiene prendidas sus veladoras para evitar algún recorte.
En misma tesitura está el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, quien ya expresó que los legisladores de Morena satanizan las peticiones de recursos sin observar la enorme carga de trabajo que habrán de enfrentar en el 2024.
Para el caso de Puebla, la precariedad de recursos es también visible, y por eso el reclamo que comparten tanto el Instituto Electoral del Estado, como el Tribunal Electoral.
Frente al riesgo de recortes, la consejera presidenta, Blanca Cruz García, ha enfatizado que el Instituto Electoral del Estado está dispuesto a defender ante el Congreso local los poco más de mil 280 millones de pesos que en su momento requirió para organizar las elecciones del próximo año en Puebla.
Y propuso una mesa de diálogo con legisladores a fin de justificar las acciones que sustenta su propuesta, avalada por su Consejo General.
Ha enfatizado también que el IEE tiene asignadas diversas actividades que pudieran parecer costosas, pero que son improrrogables, como la instalación de los 26 consejos distritales, los 217 consejos municipales, y la contratación de personal eventual para fortalecer todas las áreas operativas del organismo.
“Esto ocurre en razón de que el próximo año estaremos siendo el OPLE que más elecciones realizaremos, Puebla tendrá 244 elecciones en un mismo día, mucho más que cualquier otra entidad del país”, expuso.
Cabe subrayar que buena parte de los recursos del IEE están destinados para el financiamiento de los partidos políticos.
De los mil 280 millones 242 mil pesos solicitados para el siguiente año, 506 millones 657 mil pesos van directo al financiamiento de los 10 partidos con registro en la entidad: 335 millones 535 mil pesos para sus actividades ordinarias, y otros 171 millones 122 mil pesos para las actividades de precampañas y campañas electorales.
Situación similar enfrenta el Tribunal Electoral Estatal, cuya presidenta, Idamis Pastor Betancourt, ha revelado que está solicitando para el año 2024 que se les duplique el presupuesto ante la necesidad de contratar el personal necesario que garantice el trabajo y tiempo y forma del organismo.
La magistrada explicó que pese a no haber proceso electoral este año ejercieron 23.5 millones de pesos, y además argumentó que el poblano es uno de los tribunales más austeros del país, considerando la cantidad de municipios y juntas auxiliares que atienden.
En tal virtud, esperan tener en 2024 un presupuesto de 47 millones de pesos para atender con certeza y efectividad la elección a gobernador, las 26 a diputados locales, y las 217 municipales.
Según parece, ni las instancias locales ni las federales podrán revertir la tendencia de que sean ajustados sus presupuestos, y eso es muy alarmante cuando estamos en momentos que habrán de definir el futuro de la Nación.
Hay quienes sostienen que las elecciones en el país son muy costosas, que nuestra democracia es de las más caras del mundo, y en eso hay algo de verdad.
Esa razón obliga a promover una legislación que permita reducir de manera importante las partidas económicas destinadas a los gastos electorales, lo cual parece imposible, y menos en el corto plazo.
Sabemos que el tema requiere una reingeniería legal que debe transitar necesariamente por el Congreso, y los legisladores locales y federales, nunca estarían a favor al ver afectados sus intereses y los de sus propios partidos políticos.
Las cosas están como están debido a las normas que históricamente los mismos legisladores han impuesto.
Tenemos pues la certeza de que los procesos electorales son muy costosos, pero también de que esa discusión ahora es banal e inoportuna.
Hoy no es momento para que en un discurso de austeridad se ponga en riesgo la crucial y de por sí muy compleja elección del 2024. Finalmente, la democracia no debería tener precio, ni por ningún concepto tendría que ser motivo de regateo.
