Agrandes males, grandes remedios. Esa parece ser la premisa que asumió el gobierno de Miguel Barbosa para afrontar las irregularidades que ya eran cosa común en el penal de San Miguel, y que hicieron crisis el pasado 10 de enero con el horrífico caso del bebé Tadeo.
La respuesta institucional no se hizo esperar en distintas vertientes. De modo inmediato fueron destituidos los altos mandos, custodios y personal administrativo. Algunos de ellos incluso, por corrupción, están siendo sometidos a proceso penal.
Como medidas adicionales, en todos los centros de reclusión de la entidad se está renovando la estructura tecnológica para reforzar la seguridad. Se elabora además un nuevo sistema de protocolos de operación, especialmente para mejorar la vigilancia en los accesos y en el manejo de personas.
También en San Miguel serán incorporados 100 elementos que de manera voluntaria asumirán funciones de custodios al concluir su capacitación en la Academia de Policía. Por otra parte, el menos 18 reos fueron reubicados el pasado fin de semana a penales de máxima seguridad de Michoacán, Veracruz y Morelos, a los que se suma una cifra similar que previamente había sido trasladada a Durango, Oaxaca y Chiapas.
Se trata de personajes oscuros, catalogados como “peligrosos” que estaban presos por acusaciones de narcomenudeo y robo de hidrocarburos, entre ellos Antonio Soto, el exmilitar apodado El General que planeó la introducción del bebé al penal con fines aún imprecisos; un presunto líder huachicolero, y otro más de nacionalidad cubana, acusado de homicidio y quien practicaba ceremonias de santería.
En conjunto, todos ellos mantenían el control y liderazgo delictivo al interior del centro de reclusión con la consabida complicidad y colusión del personal de seguridad. Había ahí un autogobierno inadmisible.
“Estamos limpiando el penal, es en serio y ojalá los internos entiendan que están en un proceso de rehabilitación social, no para convertir ese lugar en un paraíso del crimen”, dijo apenas este martes el gobernador Miguel Barbosa.
Meses atrás, el propio mandatario había delatado muchas de las irregularidades que desde hace años prevalecían en ese penal, donde incluso se habían construido habitaciones especiales donde se celebraban festejos a los que acudían mujeres y se consumían sustancias prohibidas.
Esa área especial ya fue destruida, pero por lo visto prevalecieron los privilegios de algunos. Se hablaba entonces de una realidad inocultable: la “crisis penitenciaria” que existe en el país y que se refleja con hechos que suceden de modo cotidiano en las distintas cárceles, como la sangrienta riña ocurrida hace menos de un mes en el penal de Colima, con un saldo de nueve muertos.
Durante la actual administración federal han acontecido unos 27 incidentes, en los que han perdido la vida más de 70 internos. Adicionalmente, el número de suicidios en las cárceles federales y estatales en México tuvo un aumento considerablemente en el 2020: de 60 ocurridos un año atrás, la cifra se incrementó a 100.
También desde los penales se cometen cientos, miles de delitos de extorsión por la vía telefónica. Datos oficiales del Instituto Federal de Telecomunicaciones revelan que desde distintos reclusorios salen al año cinco millones de llamadas por aparatos celulares. Actualmente sólo 21 de los 294 penales que hay en el país disponen de bloqueadores de señal para impedir que los delincuentes hagan llamadas al exterior.
A ello se suma toda la problemática que provoca la hacinación. De enero de 2020 a noviembre de 2021, el número de internos en todo el país creció en más de 21 mil presos.
Actualmente, en 12 entidades del país existe una tasa de ocupación en los centros penitenciarios federales y estatales por arriba de 100%, según datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario. El Estado de México registra hasta un 225.8% de ocupación. Puebla se ubica en la cuarta posición, con una tasa de 139.7%.
Al corte de 2021, en el penal de San Miguel habitaban 4 mil 851 reos, más del doble de su capacidad, por lo que existe el proyecto de realizar una obra que fraccione sus instalaciones en dos segmentos, lo que implicaría una inversión de casi 2 mil millones de pesos y para la cual no habría respaldo alguno por parte del gobierno federal.
Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla publicó los resultados de las evaluaciones de funcionamiento que realizó a 15 Centros de Reinserción Social y al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) del estado. La calificación en promedio fue de seis, en una escala del uno al diez, habiendo reportado que la mayoría de los presos en Puebla, como ocurre en todo el país, vive en condiciones de poca o nula higiene, con hacinamiento, sin acceso a servicios de salud y sin espacios definidos para alimentación o actividades recreativas que permitan una adecuada reinserción social verdadera.
Ante tal realidad, son muchas las tareas por hacer de parte del Estado, si bien es muy razonable comenzar imponiendo el orden para luego dar secuencia con otras acciones de mayor alcance, sobre todo en materia de reinserción social.
Aun así, no puede soslayarse que históricamente el sistema penitenciario del país ha sido un rotundo fracaso. Recursos válidos como las preliberaciones, la suspensión condicional de la condena o la libertad vigilada no han tenido el impacto deseado, mientras que viejas y perversas prácticas, carencia de personal especializado y precarios programas de rehabilitación han acabado por ceder ante el imperio de la corrupción.
Esa es la realidad nacional, una asignatura pendiente que por lo visto durante esta administración federal no será atendida. Para concluir, rescato algunos párrafos contenidos en el libro La prisión, del connotado jurista Sergio García Ramírez. Experto en el tema, retrata a la prisión mexicana al apuntar que “…lejos de frenar la delincuencia, parece auspiciarla. En su interior se desencadenan, paradójicamente libres, angustiosos problemas de conducta.
Es instrumento propicio a toda clase de inhumanos tráficos. Hiere, a veces indeleblemente, al que por primera vez la pisa, y ofrece un hogar natural a sus huéspedes naturales…” Y en tono de propuesta, esboza: “La prisión ideal –tal vez la del mañana– ha de ser instituto de tratamiento, científico, humano, amoroso, del hombre que ha delinquido.
No más el mero conservar hombres entre rejas, como se contiene a las fieras, para tranquilidad colectiva. Por el contrario, tratamiento en reclusión –al modo que al enfermo se le circunscribe al hospital y en él permanece hasta que cura– dirigido hacia todos los factores de crimen en el caso individual”.
“Enseñanza de un oficio para quien carece de él y ha sido llevado al crimen por la pobreza consecuente a su ineptitud. Curación de males físicos y mentales, o detención indeterminada de incurables, para quien por estos gravámenes ha sucumbido a la tentación del crimen. Instrucción adecuada para el ignorante que jamás ha contado con la oportunidad de aprender lo elemental o la ha dejado pasar, por apatía o desconocimiento de su valor”.
“Ataque, en todo caso, a los factores determinantes del error de conducta en cada criminal. Una prisión así, instituida bajo el aliento alerta del moderno tratamiento criminal, no resulta atacable ni podrá ser atacada”.
La edición aludida corresponde al año de 1975.
Nada parece haber cambiado 47 años después.
