El pasado jueves, el Instituto Electoral del Estado (IEE) anunció la conformación de una comisión especial que investigará las presuntas anomalías ocurridas durante el muy cuestionado proceso electoral de 2018.
Lo hace hasta ahora debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) recién determinó –con un inexplicable retraso– no tener facultades para ejecutar dicha indagatoria.
Aunque parecería que se procede a destiempo, no es inocua la investigación encargada mayoritariamente a los tres consejeros electorales, que recién iniciaron su gestión en el IEE.
Se trata, o al menos eso parece, de resarcir los daños institucionales derivados del proceso electoral más controvertido de la reciente historia política local y de limpiar las manchas que, desde entonces, han estigmatizado al organismo electoral.
Se habló en ese entonces de la existencia de un fraude de tamaño descomunal, si bien habría que puntualizar que jamás se aportaron evidencias tangibles que lo acreditara.
A partir de un alud de impugnaciones de aquellos comicios, la mayoría fueron promovidas por Morena, todas las instancias jurisdiccionales –locales y federales– revisaron una y otra vez los múltiples procedimientos que en base a la normatividad siguió el Instituto Electoral de Estado como responsable de la organización de esos comicios.
Se llegó incluso al extremo, inédito en Puebla, de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidiera realizar un nuevo conteo de votos. Frente a la opción de repetir la elección, se aplicó entonces la consigna extrema del “voto por voto, casilla por casilla”.
Fueron muchos los días de incertidumbre y demasiado el ruido mediático, pero tras el coincidente recuento y ante la falta de evidencias de ilegalidades, finalmente se concedió la validez del proceso y se ratificó el triunfo inicialmente concedido a la ahora extinta candidata del PAN, Martha Érika Alonso Hidalgo.
Lo que ocurrió después, incluyendo la elección extraordinaria que le dio un giro inesperado a la política local, es parte de otra historia.
El caso es que en términos de estricto rigor jurídico, la elección de 2018 fue calificada como legal, aunque no pudo soslayarse que durante ese proceso hubo un sinfín de irregularidades, muchas de ellas maniobradas desde las altas esferas del poder entonces controlado por el morenovallismo.
Fue evidente que en 2018 hubo fallas y omisiones en los procesos internos, atribuibles la mayoría de los casos a la falta de capacidad de algunos que ocuparon cargos directivos en la estructura administrativa del IEE.
Poca experiencia, mucha improvisación y tal vez –eso habría que probarlo– decisiones mal intencionadas para favorecer intereses partidistas.
Dichas fallas se habrían cometido, en particular, en lo que corresponde a la llamada “cadena de custodia” de los votos, es decir, al debido acopio y traslado de los paquetes electorales y a su respectivo resguardo en la bodega electoral del Instituto.
Desde entonces se supo que la bodega incumplía con los criterios mínimos de seguridad y esa anomalía generó suspicacias y sospechas sustentadas.
Por ello parece inevitable que las pesquisas que ahora se inician se puedan focalizar en la operación de la Secretaría Ejecutiva, a cargo entonces de Dalhel Lara Gómez, y en Óscar Reyes Rodríguez, nombrado por ella misma y de última hora como director de Organización Electoral.
Ambos fueron rebasados por la inercia de un proceso electoral muy competido, y entre sus omisiones, descuidaron lo relativo a las medidas de seguridad en la bodega que, por cierto, parecía más bien un enorme centro de despojos de mobiliario y papelería.
Baste decir, entre otras irregularidades, que ya transcurridos los comicios en una visita de supervisión a la bodega con los representantes de los partidos políticos, se constató que en su acceso principal ¡el candado estaba abierto!
Es difícil calcular ahora sobre lo que podría resultar de los trabajos indagatorios que realice la comisión especial conformada expresamente para atender las denuncias planteadas desde hace tres años por la incidencia de presuntas faltas administrativas.
Entre otras cosas posiblemente se habrá de concluir que, como ahora, así sea por normativa, la Secretaría Ejecutiva concentra muchas facultades, exceso de atribuciones y…demasiado poder.
Y lo peor: que todo ese control operativo no es siempre es vigilado ni acotado como se debiera por los mismos consejeros electorales.
Habrá pues que esperar las conclusiones a las que llegue la comisión investigadora, pero por lo pronto ya aportó otra contribución al abrirse la expectativa de que podría realizarse una indagación similar respecto a lo que aconteció en el reciente proceso electoral.
Aunque de otra índole, en los pasados comicios también hubo yerros, entre otros, el registro fuera de tiempo de candidatos y una obligada reimpresión de boletas.
Tales fallas, si bien no incidieron en los resultados finales del proceso comicial, tampoco debieran ser soslayadas.
Y no es coincidencia, pero de concretarse la nueva investigación también se implicaría de manera preponderante a la Secretaría Ejecutiva.
Suficientes indicios para sugerir a quien convenga, que cuando las barbas de tu vecino veas cortar…
