Soliloquio
Felipe Flores Núñez
El veto virtual que le propinó esta semana el gobierno de la 4T al Instituto Nacional de Transparencia no hizo más que confirmar todo el desprecio del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los organismos públicos independientes, cuya función es más que indispensable para la prevalencia de los contrapesos, y para contribuir a que en el país subsista una auténtica vida democrática.
En los hechos, las maniobras presidenciales para acotar esos contrapesos amagando a las instituciones son evidentes, y van desde la reducción de sus partidas presupuestales hasta ataques mediáticos permanentes, así como con el impulso de recursos legales para minar sus facultades.
El caso del Instituto Nacional Electoral es apenas un ejemplo de todas esas embestidas que, afortunadamente, han encontrado en la Suprema Corte de la Nación – también amagada pese a su jerarquía– un auténtico salvavidas.
En lo que al INAI se refiere, la estrategia presidencial llegó al extremo al impedir mediante maniobras que pudiera completar su quórum para sesionar, luego que tres de sus comisionados habían agotado su periodo.
Tras el nombramiento por parte del Senado de sus respectivos relevos, AMLO procedió a vetarlos, y luego el trámite para proceder a las nuevas designaciones fue obstruido por el propio Senado, lo que ha impedido que el INAI pueda celebrar sus sesiones y desahogar los asuntos pendientes de su atiborrada agenda.
Ante tal apremio, el Instituto Nacional de Transparencia procedió por la vía legal y presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que está solicitando que pueda sesionar eventualmente con sólo cuatro consejeros, en tanto se restituye a los tres faltantes.
Como puntilla a esta inédita tesitura, AMLO se atrevió aún a más al minimizar la obstrucción de los nuevos comisionados del INAI. “Los nombren o no, ¿para qué sirven? No sirven para nada”, exclamó el presidente en su mañanera del fin de semana, además de descalificar al organismo que, bajo su visión, es de los aparatos que “fueron creados para la simulación y lo que han hecho es ocultar los actos de corrupción”, acusación que de ningún modo puede probar.
Su interés por congelar la actividad del INAI quedó todavía más expuesto poco después, al relevarse unas grabaciones en las que el secretario de Gobernación Adán Augusto López, reunido en privado con los senadores de Morena, relató una conversación con el presidente en la que se coincidió en que “lo más conveniente es que haya un periodo de impasse”, es decir, ningún avance para que todo quedara en un virtual punto muerto.
“Así estaremos en un mundo ideal, nosotros no tenemos urgencia por el nombramiento de los nuevos comisionados en estos momentos”, diría el titular de Gobernación y aspirante a la sucesión presidencial ante el congelamiento premeditado del INAI.
En este escenario, el pasado viernes estuvo en la Ibero-Puebla la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, quien por supuesto hizo una férrea defensa al organismo, por los agravios recibidos, y dejó claro que su desaparición “sería un total retroceso de los derechos democráticos y de transparencia del ejercicio público en México”.
Al dictar su conferencia INAI: Presente y futuro, consideró que por parte del gobierno hay imprecisiones y una percepción equivocada del trabajo que se ha venido haciendo en el organismo.
“No podemos dar un paso atrás, sería una regresión a los avances de estos valores de la democracia mexicana, que están basados en impulsar la transparencia en el quehacer público”, enfatizó.
También reiteró su llamado al Senado de la República para que ejecute el procedimiento necesario y sean nombrados los tres comisionados que hacen falta, para contar con los siete que les permita sesionar conforme a la ley.
Resaltó que con esta situación irregular “lo que está en juego son los derechos fundamentales para la sociedad, que son la transparencia y el acceso a la información”
“No se trata sólo de una institución, se trata de los derechos fundamentales”, señaló al asegurar que no obstante a los embates recibidos, “el INAI está de pie y sigue vigoroso con la agenda de la protección de datos personales y el impulso de la cultura de la transparencia”.
Frente a la difícil situación que afronta, la propia Blanca Lilia Ibarra emitió este fin de semana varios mensajes en sus redes sociales para destacar que la reforma constitucional de 2014, en materia de derecho a la información y protección de datos personales, “generó un amplio consenso entre todos los partidos políticos, sociedad civil y académico, creando un andamiaje jurídico de vanguardia internacional.
Es de destacarse que al INAI le llegan al menos 500 solicitudes de información al mes, por lo que su inhabilitación podría causar un rezago irreversible. Esos requerimientos de información son de toda índole y muchos provienen de medios de comunicación, en búsqueda de datos para complementar sus investigaciones, la mayoría por cierto relacionadas con actos de corrupción o abusos del poder público.
TAMBIÉN NOTIMEX
A los desatinos contra el INAI, la semana concluyó con otra mala decisión del gobierno, al anunciarse la desaparición definitiva de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), cuyos servicios informativos fueron suspendidos prácticamente desde que comenzó el gobierno de la 4T.
Al confirmarlo, el presidente López Obrador dijo que su administración no necesita los servicios de Notimex, porque tiene sus “mañaneras”, como si este ejercicio fuera un ejemplo de veracidad y objetividad informativa.
Agregó que los boletines y la prensa oficiosa pertenecen al pasado y hasta elogió la labor de quien fuera la directora, Sanjuana Martínez, cuya labor ha sido duramente cuestionada por su actitud autoritaria que llevó a los casi 300 trabajadores a una larga huelga, que comenzó en febrero de 2020 y que ahora culminará con la liquidación.
El paro de labores había iniciado en protesta por despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo de trabajo, además del trato déspota de sus directivos, todos afines a la 4T.
El anuncio de la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano es una lástima, no sólo en cuanto afecta a un número importante de experimentados periodistas, sino también porque fue un medio de comunicación relevante, con presencia nacional y en las principales capitales del mundo.
Con un prestigio bien acreditado, Notimex nunca fue vocero del gobierno y, al contrario, supo mantener una línea periodística apegada a la objetividad y el profesionalismo, además que era autofinanciable, tuvo siempre su patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión.
La extinción de Notimex manifiesta, en buena medida, la política de gobierno respecto a los medios públicos, actualmente sujetados a políticas y caprichos no siempre apegados al interés público y a la verdad.
Es el caso por demás lamentable de lo que ocurre actualmente con el Canal 14 de televisión y, además -para causar vergüenza-, con los canales 11 y 22, los que están cada vez más lejos de su bien ganado prestigio como promotores de la cultura y de los valores nacionales.
