Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Es una buena noticia que sea una mujer quien ahora presida el Instituto Nacional Electoral. También es una buena noticia que, a pesar de los diversos cuestionamientos, su toma de protesta haya ocurrido el pasado lunes en un entorno de civilidad, sin mayores contratiempos y en apego a las formalidades protocolarias.
Además, es digno de elogio que en su primer mensaje, Guadalupe Taddei Zavala haya asegurado que uno de sus mayores retos al frente del órgano electoral será “no perder el diálogo con las diferentes fuerzas políticas”.
La nueva consejera presidente del INE no llegó al menos con la espada desenvainada, como se podría esperar. En cambio, reconoció que el organismo es un referente a nivel nacional por la calidad en la organización de los procesos comiciales. Además, mostró disposición para avanzar en esa línea mediante acuerdos consensuados.
En medio de ese tono concertador, Taddei Zavala exhibió también parte de su propia agenda y dejó claro cuáles serían sus principales pretensiones al frente del INE y que son, por ahora, hacer que el organismo electoral funcione bien, pero con mayor austeridad.
En ese propósito, en su alocución inicial llamó a reflexionar sobre la posibilidad de abaratar los procesos electorales, “porque hay un clamor en la sociedad por el costo de la democracia”.
“Hay quienes decimos que, efectivamente, es un costo alto. Hay quienes decimos que no, que no es un costo alto y que vale la pena la inversión”, razonó al rematar que “más vale la pena sentarnos a la reflexión y decir en qué parte la modernización tecnológica, el mejorar procedimientos, lineamientos, tramos de control, cadenas de seguridad dentro de todo lo que es el proceso nos puede llevar a abaratarlos sin perder la calidad de los procesos electorales”.
Su visión es válida y correcta, y aunque no haya certeza de que propiciar ahorros en el INE sea “un clamor nacional”, es irrefutable que nuestra democracia es extremadamente costosa.
Habría que acotar que ese alto precio que se paga actualmente no se le puede atribuir sólo a la institución, cuyo presupuesto es asignado por los propios partidos políticos, sino que más bien es el resultado de los altos niveles de desconfianza, y a los perjuicios que han existido desde siempre.
La realidad es que inspirados en dudas y sospechas y en aras de una supuesta confiabilidad y certidumbre, al paso del tiempo se han diseñado mecanismos de control y múltiples candados con un exorbitante costo económico.
Es sano intentar ahorros, pero habría que cuidar, como ella misma lo advirtió, que no sea perjudicado el cabal desarrollo de los procesos electorales, en especial el venidero del 2024 que será el más grande y complejo que se haya visto en la historia del país.
En esa tesitura, ojalá se comparta entre todos los actores políticos que lo mejor es dejar las cosas como están y postergar para después de los comicios del año entrante una auténtica y visionaria reforma electoral.
De ahí entonces la importancia de anular o al menos congelar el llamado Plan B aprobado por la mayoría de Morena, cuya suerte está en la Suprema Corte de Justicia tras sendos acuerdos de los Ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Laynes.
Al respecto, por cierto, este martes al menos 23 gobernadores y el presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, coincidieron que la determinación de la Corte es inconstitucional, pues la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y, con base en la Ley Reglamentaria, no existe la posibilidad de suspender normas generales.
El propio mandatario poblano Céspedes Peregrina puntualizó ayer que desde la Cuarta Transformación es importante defender y respaldar la Reforma Electoral que impulsó el presidente López Obrador, con el objetivo de que haya un INE transparente, austero y eficiente, además de que se adapte a las nuevas condiciones.
“En la democracia siempre las mayorías son las que toman las decisiones de manera adecuada”, señaló al confiar que los magistrados de la Suprema Corte tomarán las decisiones adecuadas y resolverán en favor de México.
Mientras eso se decida se vale cualquier cosa, incluso decidir reducciones en los salarios de los directivos del INE, como la propia consejera presidente Taddei Zavala lo dispuso en su caso personal, “porque la ley mandata que cualquier funcionario no puede ganar más que el presidente, y se tiene que acatar”.
Otro aspecto relevante a destacar durante la primera sesión que presidió la nueva consejera presidente del INE, fue haber afirmado que se respetarán las posturas de todos los partidos políticos, y advertir que los propios partidos también tendrían que respetar las decisiones técnicas que en su momento determine el Consejo General.
“Aquí se va a respetar el derecho de cada fuerza política de pertenecer a este consejo, de poner sobre la mesa sus visiones de futuro, pero también las fuerzas políticas habrán de respetar los acuerdos que en lo técnico vayamos tomando”, aclaró.
Ya de remate, para rubricar esta nueva dinámica, cabe apuntar que el mismísimo secretario federal de Gobernación Adán Augusto López, acompañado de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, acudió este martes a las oficinas del INE con el pretexto de la firma de un programa de seguridad en los procesos electorales.
Se vale, si ello abre la posibilidad de una nueva relación –de respeto y sin injerencias– entre el órgano electoral y el gobierno, y muy a pesar de que haya sido el propio Adán Augusto el que haya comandado los ataques sistemáticos contra el organismo y su ahora expresidente Lorenzo Córdoba.
El acuerdo ahí fue “dejar de ver atrás” y “cerrar la página”, y eso es lo que todos esperan para salvaguardar el prestigio del organismo electoral.
Se vienen nuevos tiempos para el INE, cuyo prestigio no se ha vulnerado gracias también a un manifiesto apoyo ciudadano que lo avala y lo sitúa como la institución civil del Estado mexicano que cuenta con el mayor grado de certidumbre, aceptación y respaldo, valores que deben preservarse a toda costa.
El INE es una institución fundamental para nuestro sistema democrático. Es un pilar y un contrapeso entre los Poderes públicos y los partidos políticos.
De su desempeño depende que podamos tener elecciones libres, legítimas y confiables. Que la democracia sea una realidad.
En este proceso de renovación que afronta en su nueva etapa, el INE merece, al menos, un amplio voto de confianza.
