Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Hasta ahora, nadie ha negado la permanente necesidad de reformar al sistema electoral mexicano y, menos, cuando el propósito sea perfeccionar nuestra vida democrática.
Loable sería que la intención compartida de los actores políticos estuviera sustentada siempre en argumentos propositivos, para fortalecer a las instituciones, para hacer que los comicios sean cada vez más imparciales, con equidad en las contiendas y con una amplia participación ciudadana.
Si ese fuera el espíritu de las reformas que plantea el presidente Andrés Manuel López, ahora con su llamado Plan B, no habría objeción alguna, pero desafortunadamente son otras las intenciones.
Tras el fracaso de la propuesta inicial que proponía reformas constitucionales francamente regresivas, antidemocráticas y autoritarias, el Plan B que ahora se discute tiene tufo de desquite y lo que en realidad pretende es ahogar financieramente al Instituto Nacional Electoral, para entorpecer su cabal funcionamiento.
Al no poder eliminar en una primera instancia parte de la estructura sustancial del organismo, la nueva propuesta plantea modificaciones en distintas áreas operativas, incluso la exclusión completa de algunas, que implican hasta el cese de buena parte del personal.
Tales recortes ponen en riesgo la probada capacidad operativa del INE, que a falta de estructura se verá impedido a cumplir muchas de sus tareas en los tiempos requeridos, como el puntual conteo de votos, lo que podría derivar incluso en la anulación de los comicios.
No obstante, para la 4T ahora resulta que el meollo de la reforma es generar ahorros y gastar menos, como si la democracia pudiera estar tasada en pesos y centavos.
En la víspera, el diputado federal poblano Ignacio Mier Velasco dio muestra de esa tergiversada intención, al afirmar en una gira por Tehuacán que “la importancia, de que la reforma sea aprobada, es debido a que con la cantidad de recursos que se estarían ahorrando se podría utilizar para mejorar los programas sociales”.
En ese ánimo de manipular a la opinión pública, resaltó la necesidad de “acabar con los exorbitantes sueldos de los consejeros del INE, como Lorenzo Córdova, quien gana 450 mil pesos mensuales, mientras que un docente o enfermera de la región de Tehuacán percibe en promedio ocho mil pesos mensuales”.
“Es por ello la importancia de la reforma electoral”, enfatizó para rubricar su mensaje engañoso, pues es falso que ese sea el monto salarial del presidente consejero del INE, ni tampoco el ejemplo resulta válido porque, si a esas vamos, lo que percibe un diputado federal entre salario y otras asignaciones tampoco es cualquier cosa.
Si la intención de fondo es hacer economías, ¿por qué no entonces se comienza con un recorte a los recursos públicos que se les concede a los partidos políticos para el desempeño de sus actividades, los que, por ejemplo, tan solo en el caso de Puebla, la cifra supera los 302 millones de pesos?
En efecto, como financiamiento público, durante este año Morena en Puebla dispondrá de casi 87 millones de pesos; el PAN, más de 55 millones; el PRI, casi 47 millones; y Movimiento Ciudadano, más de 24 millones; entre otros montos, que de austeros no tienen nada.
En contraste, el Instituto Electoral del Estado poblano está afrontando severas restricciones financieras, previéndose que sea necesario que recurre a solicitar ampliaciones presupuestales por al menos unos 80 millones de pesos, para iniciar este mismo año los trabajos preparativos para el complejo proceso electoral de 2024, para la instalación en la entidad de 26 conejos distritales y cubrir diversos gastos de papelería, equipo de cómputo, inmobiliario, así como para labores de campo, donde difunden las convocatorias y organizan la operatividad.
Al respecto, es de subrayar que para este 2023 el IEE de Puebla tuvo un recorte de 24%, con respecto a lo solicitado en su proyecto de ampliación presupuestal, esto es, de los 486 millones 587 pesos que solicitó con evidencias de alta necesidad, sólo le fueron asignados en la Ley de Egresos 368 millones 36 mil pesos.
Y no sólo eso, el efecto del Plan B implicará para el IEE también una reestructura a sus áreas operativas, con una posible disminu¬ción de las plazas que actualmente perte¬necen al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), y al menos con la desaparición de la Dirección de Igualdad y No Discriminación y de la Unidad Técnica de Fiscalización, lo cual es una aberración por ser la oficina que lleva el control de gastos de los partidos políticos, para garantizar su transparencia y correcta aplicación.
Por lo anterior no parece una exageración que se diga que el Plan B pretende “descuartizar” a los órganos electorales para debilitarlos, en franca ventaja hacia el partido ahora en el gobierno, con el precario pretexto de “generar ahorros”.
De ahí entonces la oleada de recursos legales, que se están promoviendo, para frenar la validez del Plan B ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea por el camino de la inconstitucionalidad o a través de amparos, entre los que figura el que el mismo INE promovió durante la semana que concluye.
En su controversia, ante los ajustes estructurales y respecto a la propuesta de anular restricciones para el uso de propaganda, el INE considera que las modificaciones legislativas planteadas “crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”, en este caso, por el hecho de que se pretende que los gobiernos puedan intervenir en las elecciones.
Se reclaman además diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus huestes de Morena saben bien que su mayoría en el Congreso aprobará finalmente el multicitado Plan B, incluso, que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia que impedirá su validez en sus puntos más controversiales.
El mismo AMLO asumió que de ocurrir, solamente sería una “manchita más al tigre”, quejándose también de los altos salarios que tienen los ministros, pero a su vez mantuvo su defensa a sus propuestas de modificaciones legales a leyes secundarias, al señalar que solamente está proponiendo “un poco” de austeridad para las autoridades electorales. “El Plan B, en realidad, busca que los integrantes del Consejo General del INE no ganen tanto… que se reduzcan sueldos”, apuntó.
En todo ese contexto y con acusaciones del propio AMLO contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, al que llamó “farsante”, se inició el pasado miércoles el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LXV Legislatura, que habrá de concluir el próximo 30 de abril.
En ese trance vendrán en los días subsecuentes renovados embates contra la autoridad electoral, como muy mal augurio en la víspera de los comicios del 2024. La pregunta concluyente debería ser: ¿con fisuras a la estructura de la autoridad electoral y reducción de salarios a funcionarios se garantiza mayor efectividad y se abona a favor de la democracia?
Medirlo en pesos y centavos es, definitivamente, un gran error.
