Son muchos y muy controvertidos los temas que figuran en la agenda legislativa para este año, entre ellos, los relativos a la despenalización del aborto y a la ley denominada “voluntad anticipada”. Ambos asuntos de sensible hondura que ameritarán sin duda reflexiones a fondo y ponderaciones sensatas.
No obstante, los legisladores deberán también atender otras cuestiones de especial relevancia para la vida pública local, entre ellas las que se refieren a la reforma en materia electoral, que igualmente será motivo de agudas discusiones.
En este último caso, la duda radica en conocer qué tan a fondo irán los distintos grupos parlamentarios, aun a sabiendas de la necesidad de contar con una legislación electoral mucho más acorde a la actual realidad política y social. Difícil hacer pronósticos sobre el alcance de una nueva legislación, en especial porque estará diseñada por los legisladores que, a su vez y por esencia, representan los intereses de los partidos políticos.
A nadie le gustaría protagonizar a un kamikaze. Como es natural, hay también otros intereses en el mismo ámbito de las instancias electorales, que bien podrían ser sorteados si en realidad prevalece un afán compartido para modernizar la actual legislación.
Por lo pronto, ya es ganancia que desde la cúspide del gobierno estatal no se visualice interés por incidir en ningún sentido. La dirección política que se ejercía en los tiempos del morenovallismo quedó definitivamente atrás.
¿Qué esperar entonces cuando en distintos momentos y circunstancias muchas voces se han pronunciado a favor de una nueva legislación electoral? Ya al respecto, la diputada Mónica Silva Ruiz, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aseguró que en el Congreso de Puebla se prepara una “gran reforma electoral” para modificar el Código de Instituciones y Procesos Electorales.
Admite que el marco jurídico actual requiere de una renovación, a fin de garantizar que las próximas elecciones cumplan con todos los estándares de democracia participativa. Entre quienes están en la línea de impulsar una reforma electoral figura el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García Onofre, quien considera que el Código de Instituciones y Procesos Electorales debe renovarse por presentar “vacíos legales”.
A su juicio, es relevante que la nueva legislación incluya la participación de todos los grupos que han sido históricamente discriminados, como personas con discapacidad, personas de comunidades indígenas, integrantes de la diversidad sexual y migrantes.
Si bien es cierto que en los recientes comicios hubo acuerdos en ese sentido, también debe reconocerse que no siempre las acciones afirmativas se respetaron a cabalidad y de ahí la necesidad –y urgencia– de que exista un marco normativo específico que obligue su cumplimiento. P
or su parte, el consejero del Instituto Estatal Electoral Jesús Baltazar Trujano se ha pronunciado por “modernizar la ley” para que sea acorde a los derechos humanos y a las nuevas disposiciones políticas-electorales, lo que implicaría recomponer y reformar el Código Electoral del Estado de Puebla, que a su juicio actualmente “está desfasado”.
Un tema en el que al menos en apariencia hay pleno consenso entre las diversas fuerzas políticas es el que propone que los plebiscitos en las más de 600 juntas auxiliares del estado sean organizados cada tres años por el Instituto Electoral del Estado, y que esos comicios sean empatados a la misma fecha de la jornada electoral local.
Tal medida no sólo garantizaría mayor apego a los principios de legalidad y certeza, sino que cancelaría la simulación que actualmente prevalece respecto a la injerencia de los partidos políticos en los plebiscitos, además que se disminuirían de manera notable los costos de operación. En ese contexto y de modo colateral, es posible que también se analice en el caso al menos de Puebla capital, la posibilidad de que algunas juntas auxiliares se conviertan en municipios y otras de menor población, sean solo delegaciones.
En otro sentido, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica Sandoval Sánchez, ha pedido reforzar la Ley Electoral en el estado, ya que actualmente mezcla los aspectos sustantivos y objetivos al momento de realizar el estudio de los medios de impugnación.
Ante ello, propone crear una ley sustantiva y otra objetiva, es decir, una que atienda la parte general y otra para los procedimientos, con los medios de impugnación para hacer más eficiente el trabajo de los magistrados en cuanto a los procesos sancionadores. Por otra parte, una nueva ley electoral tendría también que abarcar a las instituciones, entre ellas de manera preponderante, al Instituto Electoral del Estado, que por muchas razones reclama una configuración estructural para hacer más eficiente su vital función.
Ello implicaría, como aquí se sostuvo recientemente, modificar la actual estructura administrativa que actualmente le concede a la Secretaría Ejecutiva demasiadas funciones y un poder normativo casi absoluto. De hecho, el actual Código Electoral de Puebla fue hecho para centralizar todo el poder de decisión en la Secretaría Ejecutiva y manejar todas las áreas operativas del organismo, lo que restringe muchas decisiones que debieran ser asumidas por el Consejo General.
Al menos durante los dos recientes procesos electorales locales –2018 y 2021– fue evidente que se cometieron incontables fallas de procedimiento que incluso pusieron en riesgo certeza de esos comicios. En estricto rigor, esos yerros fueron responsabilidad de las direcciones que están bajo el mando único de la Secretaría Ejecutiva, la que a su vez tiene en exclusiva la facultad de nombrar y remover los mandos directivos.
¿Qué otros aspectos deberían ser motivo de atención en la pretendida reforma electoral? Se habla de cambios sustantivos, por ejemplo, para limitar las partidas presupuestales por prerrogativas a favor de los partidos políticos y mejorar los sistemas en la fiscalización de esos recursos. Ya se verá cómo responden las propias organizaciones partidistas.
También de regular los mecanismos de asignación de recursos presupuestales a los órganos electorales –IEE y TEE– para garantizar en todo momento su sustentabilidad financiera e independencia.
¿Qué tal si se revisan los procedimientos actuales en el reparto de candidaturas? ¿Y por qué no adecuar el Código Electoral al Reglamento de Elecciones, que es de observancia obligatoria para los Oples? O prever la formación de asociaciones políticas estatales que pretendan convertirse en partidos políticos, a fin de vigilar el origen de sus recursos y que no tengan afiliación obligatoria, como ocurrió con Antorcha Campesina que se disfrazó de asociación civil para buscar una candidatura.
O eliminar los candados acerca de que los titulares de las direcciones sean nacidos en Puebla, ya que se pierde la oportunidad de aprovechar otros talentos. O descartar las candidaturas comunes, ya que desfiguran la representación partidista y la configuración de la representación proporcional. En fin, se llegará tan lejos en la reforma como lo propongan, pero lo único cierto es que los legisladores estarán pronto ante la gran oportunidad de actualizar y modernizar el ahora obsoleto marco normativo electoral de Puebla. Ya lo veremos.
