Soliloquio
Felipe Flores Núñez
A grandes males, grandes remedios. Esa parece ser la alternativa que el gobierno estatal aplicará para impedir, al fin, las zonas en las que desde hace mucho tiempo se ejercen actividades comerciales en medio de la ilegalidad y la corrupción.
Concretamente, como los casos más significativos, se habla de la 46 Poniente y el mercado conocido como La Cuchilla, ubicado en el bulevar Norte de la capital poblana.
En ambos sitios, sin restricciones y la luz del día, desde hace mucho tiempo se venden y se compran artículos robados o de muy dudosa procedencia. Incluso, a petición del cliente, la mercancía se puede obtener “bajo pedido”.
Y eso todos lo sabíamos.
De la mera transacción comercial se pasó a la venta de drogas, con todo tipo de sustancias prohibidas y hasta de armas de fuego.
Ante una larga inacción de la autoridad, esos sitios se convirtieron con el tiempo en cotos de poder delincuencial, refugio de personajes oscuros, extorsionadores, raterillos habituados a la vida fácil.
Esa inadmisible convivencia, a la vista de todos, de corrupción, impunidad y colusión, parece haber llegado a su fin.
El mandatario estatal Miguel Barbosa anunció, este fin de semana, que su gobierno evalúa la posibilidad de expropiar buena parte de las bodegas y otros espacios utilizados para la venta de autopartes en la zona de la 46 Poniente, así como en el tianguis de La Cuchilla.
Se haría –dijo– porque es interminable la ilegalidad que prevalece en esos sitios.
“El aseguramiento de productos de procedencia ilícita es una situación inacabable en estos lugares”, enfatizó luego de que se ejecutara un nuevo cateo en la 46 Poniente –el cuarto de las últimas semanas– en el que se decomisaron miles de piezas robadas, como llantas, rines y espejos.
El reporte oficial indica que esta vez se decomisaron 220 toneladas de autopartes y poco más de 800 neumáticos, además que a 30 establecimientos se les retiró su permiso de funcionamiento.
“Si hoy se hace un cateo, se encuentran cosas; si mañana se hace otro cateo, vas a encontrar cosas; y al otro día, vas encontrar más cosas; y más…”, aseguró el gobernador.
Explicó que esa condición reincidente de ilegalidad se generó en pasadas administraciones y mantenida ante la falta de regulación, porque durante largo tiempo fue solapada por autoridades de todos los niveles.
“Hay realidades que se van transmitiendo, se van heredando de administración en administración, son situaciones de hecho, que existen porque las siguen solapando”.
Esa es la realidad.
Y todos la conocíamos.
Incluso como sociedad, también hay parte de responsabilidad.
Ese comercio ilegal igualmente se solapó. Adquirir allí mercancía diversa y piezas de automóviles es una forma explícita de fomentar los robos.
Todo un círculo vicioso que debe desmoronarse de raíz.
Expropiar se vislumbra ahora como la mejor alternativa para recobrar la legalidad.
Se sabe que en el polígono de la 46 Poniente se tienen identificados establecimientos muy específicos, en los que se desarrolla la venta de productos irregulares, así como bodegas clandestinas, por lo que la aplicación de esta acción jurídica estaría focalizada sobre inmuebles particulares.
La medida se obliga porque los operativos policiacos, que fueron costumbre en otros gobiernos, dejaron de ser efectivos.
Se dice incluso que la misma autoridad daba aviso de sus incursiones para prevenir a los comerciantes, o bien, después les revendían los objetos asegurados.
De la mano, colusión y corrupción que a muchos enriqueció.
Es por esa razón que ahora los operativos policiacos y cateos se ejecutan bajo pedimento judicial.
No menos grave, el caso del tianguis de La Cuchilla tiene sus propias características delictivas.
Hace semanas, tras un operativo, el gobernador Barbosa ya había hablado de la necesidad y urgencia de “limpiar” ese lugar.
En esa ocasión se aseguraron varias armas de fuego –entre ellas cuatro ametralladoras Uzi– más de 700 cartuchos útiles y granadas explosivas, así como mariguana, cristal, cocaína y LSD.
Ese decomiso revela la actividad delincuencial que allí se anida.
Pululan allí distribuidores de droga, narcomenudistas, extorsionadores y vendedores de autos robados, así como quienes comercian con aparatos telefónicos, ropa, calzado y películas apócrifas.
Se sabe que operan delincuentes de alto rango, como el identificado Francisco N. El Caimán y otros vinculados a organizaciones criminales de influencia regional.
El año pasado, la policía estatal detuvo a un sujeto que comerciaba con cristal en el municipio de Coronango, quien dijo que obtenía las drogas en el mercado La Cuchilla. En otra acción, también se detuvo en la colonia Jorge Murad a Víctor C. La Vicky, identificado como un líder narcomenudista que operaba en La Cuchilla, quien también fue inculpado por robo a comercio y a transeúnte.
Todo ese ambiente delincuencial en torno a La Cuchilla se detonó tras la desaparición de una pareja de comerciantes que el pasado junio había acudido para comprar juguetes. Autoridades temen que fueron ultimados.
Habrá que esperar cuál será la decisión final del gobierno estatal respecto a la situación de la 46 Poniente y de La Cuchilla, pero la insinuada expropiación parece razonable como medida extrema.
Reordenar esos lugares, apoyar a los auténticos comerciantes y devolver la legalidad es el objetivo. También el reclamo social.
Todo sea por recobrar la armonía y la sana convivencia, que a veces parece secuestrada por la corrupción y la impunidad.
A grandes males, grandes remedios, no hay más.
