Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Es cada vez más frecuente escuchar que el partido Morena arrasará en las elecciones de 2024 y que mantendrá sin dificultades la Presidencia de la República, además que conservará su mayoría en el Congreso federal.
Al menos, esas son las tendencias a casi un año de los comicios, versión que se robustece ante la debilidad mostrada hasta ahora por los partidos de oposición, cuya confianza estriba en una alianza que a su juicio los haría más competitivos.
Lo cierto es que es muy temprano para cantar victoria y, por prematuro, cualquier pronóstico no deja de ser aventurado, más aún cuando los escenarios sociopolíticos se transforman cada vez con mayor facilidad.
Habría que considerar que, finalmente, las elecciones se ganan con votos y esos votos siguen siendo un atesorado patrimonio de los ciudadanos, de nadie más. Será la ciudadanía, la sociedad en su conjunto, la que defina el futuro del país y lo hará esta vez, según se aprecia, de manera activa y con más mayor conciencia.
En esta dinámica, y frente al desgaste de los partidos políticos constituidos, el rol que jugarán a corto y mediano plazo las llamadas organizaciones de la sociedad civil será fundamental, incluso decisivo.
Como pintan las cosas, ante un escenario polarizado y de inconformidades de toda índole, es previsible que la llamada sociedad civil responda y pueda volcarse en las urnas en 2024 para decidir, como en toda democracia, el destino del país, no necesariamente a favor del partido ahora en poder.
La fuerza ciudadana es impredecible y es allí donde debe preguntarse ¿qué es en realidad esa masa, un tanto amorfa y poderosa, llamada sociedad civil, algunas veces aglutinada en organizaciones no gubernamentales y otras con activismo de manera independiente?
El diccionario señala que es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios, sin fines de lucro, que se organiza a nivel local, nacional o internacional; la expresión de la iniciativa de los ciudadanos para alcanzar el bienestar común, para abogar por el bien público y asumir responsabilidades frente al conjunto de la sociedad.
Yendo un poco más lejos, el académico argentino Marcelo Di Ciano, en su breve texto La importancia de las Organizaciones de la Sociedad Civil, sostiene que en esencia estos grupos sociales “se proponen resolver problemas socialmente relevantes, se constituyen por grupos de personas que se dan un marco de normas y reglas que regulan su acción de manera tal se vuelva previsible y deseable”.
Lo anterior, refiere, “con el objeto de resolver problemas en un contexto inmediato que les exigirá negociar, acordar, colaborar, neutralizar otros actores o sea desarrollar estrategias, caminos que le permitan pasar de la situación actual a la situación deseada”.
Indagar sobre el tema parece relevante, porque son esos grupos sociales cada vez más despiertos los que han vuelto a convocar para salir a la calle y abogar por “intereses compartidos y un bien público”, en torno a nuestras instituciones que son sustento de la democracia, como es el caso del Instituto Nacional Electoral.
La movilización que hoy ocurrirá en poco más de una centena de las más importantes ciudades de país, incluyendo Puebla, propone resolver “problemas socialmente relevantes”, que en este caso se derivan de la aprobación del llamado Plan B promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y acatado ciegamente por los legisladores de Morena.
Para amplios segmentos sociales, las reformas avaladas no tienen otro propósito que no sea debilitar al INE, con lo que se pone en riesgo la prevalencia de nuestra vida democrática y de allí la decisión de manifestarse en defensa de los órganos autónomos y a favor de elecciones independientes.
El virtual desmembramiento del INE contenido en las reformas implica, entre otros daños, el despido de 84 por ciento de casi tres mil integrantes del personal civil de carrera, más otro tanto de trabajadores administrativos, muy a pesar de su probada experiencia y de su capacidad probada en la eficiente operación organizativa.
Entre esos recortes se incluye a los funcionarios de casilla, lo que también pone en riesgo la custodia de los votos o podría causar la anulación de la elección en turno, en caso de que no puedan instalarse al menos 20 por ciento de las casillas por distrito.
Permite, además, que funcionarios públicos puedan con toda libertad hacer campaña sin abandonar sus cargos y que el gobierno interfiera en el manejo del padrón electoral y la credencial de elector, al apropiarse de todos los módulos para obtener las credenciales, con el riesgo que implica el manejo y control de los datos personales de los ciudadanos.
Son, pues, legítimos los reclamos que inspiran la movilización de este domingo, que no es por cierto organizada por partidos políticos, aunque habría que lamentar que muchos de ellos –es el caso también de Puebla– se hayan “colgado” de última hora con otros propósitos.
Bajo esta óptica, no se vale entonces que la 4T trate de minimizar ni politizar al acto de hoy, ni tampoco vincularlo a otros sucesos, como lo hizo el presidente López Obrador, al afirmar que a los participantes no los inspira la ley electoral aprobada, ya que no irán sólo a decir “El INE no se toca”, sino que exclamarán también “Genaro Luna no se toca”.
“En el fondo lo que quieren es agruparse, utilizar cualquier bandera para atacar al gobierno que represento. O sea, no es que les preocupe la democracia, no, lo que quieren es debilitarnos, socavar al gobierno para que no avance y se consolide la transformación…”, señalamiento afín a su acostumbrada narrativa.
Lo que en realidad se está jugando con el tema del INE es el futuro inmediato y mediato del país; si bien el INE necesita reajustarse y ser menos oneroso, lo que se hizo con las regresivas reformas fue generar condiciones para tener el control de la institución, lo cual es absolutamente inadmisible.
El hecho es que unas 120 organizaciones de la sociedad civil se manifestarán este domingo en contra del Plan B y lo harán, como lo han expresado en manifiestos, porque “cuando nuestros derechos y libertades peligran, quedarse en casa no es opción”, y con el convencimiento de la que reformas destazan al INE con cambios legislativos hechos al vapor, en total desaseo y sin el consenso de las demás fuerzas políticas, violando además de manera flagrante la Constitución”.
A su juicio, “es tiempo de los ciudadanos y el futuro será promisorio para todos si nos atrevemos a tomarlo en nuestros manos. Y eso es precisamente lo que haremos, actuando siempre de manera pacífica, reivindicando los más altos valores cívicos con alegría y tolerancia, convocando a más mexicanos a sumarse a esta plural e incluyente irrupción ciudadana para preservar y profundizar la democracia y las libertades, así como para hacer prevalecer la Constitución”.
“Unidos somos invencibles”, fue la advertencia.
Y lo pueden ser, definitivamente, no sólo este mismo domingo, sino también en los complicados y aciagos días por venir.
