Soliloquio
Felipe Flores Núñez
A inicios de este año habíamos advertido en este espacio sobre los riesgos de que grupos de la delincuencia organizada pudieran involucrarse en el actual proceso electoral y, derivado de ello, que quizá enfrentaríamos este año en el país los comicios más violentos de la historia, escenario del que Puebla no está del todo excluido.
De ahí el persistente llamado por parte de diversos actores políticos, en este caso, en lo que a Puebla se refiere, del propio gobernador Sergio Salomón Céspedes, para que los partidos tuvieran un cuidado escrupuloso en la selección de sus candidatos, en especial de las diputaciones y las presidenciales municipales.
El reiterado exhorto fue para que los institutos políticos eligieran de manera responsable y con lupa a gente honesta, “hombres y mujeres de bien”, aspirantes con expedientes limpios y fuera de toda duda, porque de otra forma, sentenciaría el mandatario estatal, “estaríamos condenando a los municipios”.
Tal parece que esos exhortos salieron sobrando.
El pasado jueves, el dirigente estatal del Partido Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, anunció la postulación como su candidata a la presidencia municipal de Quecholac a Guadalupe Martínez, hija de Antonio Valente Martínez Fuentes, a quien pública y reiteradamente se le ha señalado como líder de un grupo delictivo dedicado al robo de combustible.
Ante cuestionamientos de los medios por tal designación, Carlos Navarro argumentó que ella es “una mujer activa y conocida entre la población; la señorita reúne los requisitos, tiene el perfil y ganó la encuesta que hicimos”.
Y ante la insistencia sobre su vínculo familiar se exculpó de emitir un juicio, “ahí sí no me toca declarar ni hacer una investigación, porque me metería en una situación que me podría generar conflictos; yo no sé, desconozco…”.
¿Qué acaso no es responsabilidad de los partidos indagar sobre los perfiles de sus aspirantes? ¿A qué tipo de conflictos y con quien los tendría el señor Navarro?
En realidad, tal desatino no debería sorprender. Desde hace meses, el propio Carlos Navarro había advertido que su partido no le cerraría las puertas a nadie y sostenido que “nosotros no somos fiscales ni jueces”.
Cierto que los parentescos de la ya candidata Guadalupe Martínez, que incluyen también a su tío, el exalcalde Alejandro Martínez, también relacionado con el huachicoleo, no le imposibilitan contender en los comicios, pero ante las dudas lo más sugerente hubiera sido excluirla del proceso selectivo.
Por sentido común, que es el menos común de los sentidos, ella no debería figurar como aspirante a un puesto de elección popular, por más que “reúna los requisitos” y que haya ganado una presunta encuesta.
A este respecto, también en enero pasado –refiriéndonos a este mismo caso del PSI– habíamos apuntado que “aún con esas absurdas resistencias, es un hecho que cuidar el perfil de los aspirantes, en especial a quienes buscarán una presidencia municipal, es de la mayor relevancia.
Se trata, en el fondo, de instaurar filtros y de revisar en cada caso no sólo su capacidad política y profesional, sino también sus antecedentes, incluso los de su familia y de quienes conforman su círculo social”.
Es posible –añadimos– que un delincuente no se atreva a postularse como candidato a un cargo de elección popular, pero muy probablemente sí tendría el mayor interés en apoyar a alguien que le ofrezca condiciones para delinquir”, y éste podría ser el caso.
Quedan pues muchas dudas sobre el trasfondo de la postulación de Guadalupe Martínez en Quecholac, municipio catalogado de alto riesgo, en tanto que los incidentes delictivos en el mapa nacional van en escalada.
Apenas el pasado martes fue acribillado el candidato de Morena a la presidencia municipal de Chilapa y también esta semana se encontró el cuerpo sin vida del exaspirante a la alcaldía de Cuajinicuilapa, ambos casos en Guerrero.
La madrugada de este viernes fue asesinado Diego Pérez, precandidato del PRI a la presidencia municipal de San Juan Cancuc, en el estado de Chiapas.
Y también este viernes por la noche fue asesinado Humberto Amezcua, presidente municipal con licencia de Pihuamo, Jalisco, quien pretendía su reelección en el cargo también por el PRI.
Según la organización Data Cívica, al menos cinco candidatos o aspirantes de un cargo de elección popular fueron asesinados durante febrero pasado, para sumar 10 en el primer bimestre de este año. Entre los victimados, tres pertenecían a Morena, uno al PAN y otro más al Verde Ecologista.
En su informe “Votar entre balas”, dicha organización civil reporta que los homicidios vinculados con la violencia política son hasta este fin de semana 36, si se añaden los casos de funcionarios públicos y familiares de actores políticos.
En su recuento total, Data Cívica contabiliza 58 eventos asociados con la violencia político-electoral, entre los que se agregan los casos de amenazas, asesinatos, ataques armados y secuestros.
A nivel nacional, las 10 entidades con mayor incidencia durante 2024 son Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Colima, Estado de México, Zacatecas, Morelos, Veracruz, Baja California y Michoacán.
Hay otros estudios que también revelan el aumento paulatino de sucesos criminales en torno al proceso electoral.
De acuerdo con la consultora Integralia del exconsejero electoral Luis Carlos Ugalde, Puebla, con dos casos, se sitúa en la sexta posición nacional en cuanto a agresiones contra aspirantes o candidatos, refiriéndose a los ataques contra los morenistas Miguel Ángel Ruiz, en Chietla, y de Porfirio Hernández, en Jalpan.
En este rubro, el mayor número de caso se ha presentado en Michoacán, con 13, seguido por Guerrero y Ciudad de México, con siete cada uno, y con tres agresiones, Morelos y Chiapas.
Por su parte, para el despacho Laboratorio Electoral de Arturo Espinosa Celis, ya son 16 los aspirantes a una candidatura los que han sido asesinados durante el actual proceso electoral, que incluye incidentes desde junio de 2023 a la fecha, de los cuales ocho eran afines a Morena; con cuatro cada uno, del PRI, PAN y PRD; tres eran de Movimiento Ciudadano y otro del Verde Ecologista.
Para Espinosa Celis, “el proceso electoral de 2024 se encamina a ser el más violento en la historia de México, debido a la injerencia del crimen organizado”.
En su análisis, considera que “la violencia va a ir creciendo en la medida en que empiecen las campañas y en los periodos de definición de las candidaturas. El crimen organizado busca temer injerencia; creemos que es una lucha por el poder y por la injerencia que se pueda tener en los gobiernos y en las representaciones”.
Este mismo fin de semana, la candidata presidencial de Morena y puntera en los pronósticos, Claudia Sheinbaum, reconoció la existencia de hechos delictivos en el contexto electoral, pero consideró que sólo se presentan en ciertas zonas y no es una situación generalizada en el país, lo cual es cierto, pero no deja de ser preocupante.
No es para desdeñarse que “ciertas zonas” en algunos casos equivalga a dominios territoriales de la delincuencia organizada en muchas entidades, por lo que aunque no sea lo deseable, nadie puede negar que conforme se aproxime la jornada electoral las cifras de sucesos delictivos puedan ir en aumento, lo cual sería verdaderamente lamentable.
