Los árbitros (futbol y política) y sus avatares de siempre

Porque es muy puntual, además que sí se ajusta “como anillo al dedo”, siem­pre me ha gustado el símil que se ha­ce de los árbitros de futbol respecto a los consejeros electorales.

Son muchas las convergencias, entre ellas, que unos y otros están irremediablemente condenados al duro escrutinio, la descalifica­ción, el capricho y a veces incluso, hasta a la ignorancia por parte de los actores de una jus­ta, cualquiera que sea.

En un caso, el entorno involucra contien­das deportivas que protagonizan jugadores, bajo el lógico interés de directivos de los equi­pos y la observancia ferviente de los fanáticos.

En el otro, de mayor relevancia, hablamos de políticos que a su vez pertenecen a organi­zaciones partidistas que con sus respectivas dirigencias, están bajo la mira de militantes y simpatizantes.

Hay intereses en todas partes, desde luego, por eso para que las contiendas en ambos es­cenarios ocurran con la mayor veracidad, debe haber reglas previamente convenidas; normas claras y equitativas que no permitan interpre­tación a beneficio propio y que sean cumpli­das a cabalidad.

No obstante, en los días de enfrentamien­tos, máxime cuando la disputa tiene especial relevancia, las pasiones se exacerban y son fre­cuentes los señalamientos.

No falla: todas las decisiones arbitrales se­rán siempre reclamadas por quienes se sienten o se creen agraviados.

Y como al final unos ganan y otros pierden, ni árbitros ni consejeros quedan bien con to­dos, aunque la disputa se haya apegado a la legalidad.

El equipo triunfador hizo más goles, no de­bería haber reclamo; el candidato ganador contabilizó más votos, tampoco debería ha­ber demandas.

Eso no ocurre, en especial, claro, por parte de los vencidos.

Algo similar es justo lo que ahora ocurre.

En la víspera del partido “más importante de la historia”, uno de los competidores des­califica de antemano al árbitro; lo amenaza y descalifica. Los ataques vienen desde el dueño del equipo, le sigue la dirigencia y la replican también jugadores y fanáticos.

En su narrativa se dicen ultrajados y en su reclamo confunden, desalientan, aunque a la luz de todos, sus cuestionamientos pudieran ser injustificados ante evidencias de que están violentando la regulación.

Entonces, quien preside a los árbitros lla­ma a la legalidad y acusa estar sujeto a una “estrategia de amedrentamiento”, cuyo obje­tivo es pedirle que no aplique la legislación vi­gente cuando haya violaciones a la legalidad.

En su defensa, dice que no pueden ser silen­tes y advierte que si fuera necesario, sacará las tarjetas rojas.

Tantas similitudes no son meras coinci­dencias.

Esto acontece en la realidad, justo al arran­que de las campañas políticas rumbo a los co­micios del 6 de junio, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, 13 gubernaturas y di­versos cargos en los 32 estados del país, en­tre ellas Puebla donde se elegirá, además de 15 diputaciones federales, el Congreso y las 217 Alcaldías.

Y fue Lorenzo Córdova, consejero presiden­te del Instituto Nacional Electoral, quien en es­te contexto ha convocado a partidos y autori­dades de los tres niveles de gobierno a condu­cirse con legalidad y a no intervenir en el pro­ceso electoral.

“No es la primera vez que pretenden des­calificar al árbitro, es una estrategia que la­mentablemente ha sido asumida en diversos momentos por diversos actores políticos y di­versos motivos a lo largo de los últimos años; no lo lograron antes y no lograrán en el futu­ro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, la le­galidad y rendición de cuentas de las eleccio­nes”, advirtió.

Y apelando al símil, mencionó que el INE seguirá siendo un árbitro vigilante y sacará las tarjetas que sean necesarias y sancionará. “No puede ser un árbitro silente; seguirá sien­do un árbitro vigilante y sin protagonismos ni estridencias retóricas y por eso, que en una contienda democrática, quienes violan la ley, serán sancionados”.

Ante tal acoso, la gradería se alborota. Más de 2 mil intelectuales acusaron que el INE es víctima de “expresiones difamatorias” que buscan desacreditar tanto a sus decisiones, como a sus consejeros.

En una carta pública han criticado que los intentos por debilitar al organismo “sólo be­neficiaría a quienes se niegan a que el voto de los ciudadanos decida los resultados de las elecciones“.

Por ello refrendaron su respaldo al ejerci­cio que el INE realiza en el país, y aseguran que “nadie puede solicitar que el árbitro elec­toral deje de aplicar las normas a las que es­tá obligado”.

A otros también les gusta la comparación. El representante de Morena en el INE, Sergio Gutiérrez, pidió al árbitro electoral no compor­tarse como “un jugador de oposición”.

También lo hizo el candidato a gobernador de Guerrero temporalmente inhabilitado, Fé­lix Salgado Macedonio, quien afirmó que con su exclusión el INE se equivocó, pues “es árbi­tro y no jugador”.

¿De dónde provienen las divergencias que han alimentado la refriega de la 4T y Morena contra el INE, lo cual ensombrece el panora­ma a dos meses de la crucial jornada electoral?

Desde luego, la elección de junio próximo es la manzana de la discordia. La renovación del Congreso federal es de enorme trascen­dencia no solo porque evaluará al mandato del presidente López Obrador, sino que podría definir el rumbo de su propuesta transforma­dora en caso de un reacomodo de las fuerzas políticas.

Bajo esa premisa, los ataques al órgano electoral han tenido una larga secuencia y han ido subiendo de tono, quizá como nunca antes en la historia. Desde el cuestionamien­to al salario de los consejeros hasta las limita­ciones presupuestales a las que fue objeto, a lo que se suma la interferencia para que los nom­bramientos de los consejeros locales sean com­petencia directa de la Cámara de Diputados y los duros cuestionamientos a su autonomía, e incluso, con la intención de eliminarlo.

Ya en los albores del actual proceso electo­ral los enfrentamientos han sido cara a cara a partir de la decisión de 9 de los 11 conseje­ros del INE, sobre el reparto de las diputacio­nes plurinominales a los partidos, disposición legal que si bien existe desde 1994, ha sido re­iteradamente ultrajada de manera progresiva desde 2012, con un diputado, en 2015 con 8 y en 2018 con 30, anomalía que le permite ahora a Morena tener una sobrerrepresenta­ción prácticamente del doble de lo permitido por la Constitución.

Más recientemente, las diferencias de Mo­rena con el INE volvieron a sacar chispas tras la determinación de cancelar el registro a 49 aspirantes a puestos de elección popu­lar, entre ellos, por no presentar en tiempo y forma sus gastos de precampaña a Raúl Mo­rón y Félix Salgado Macedonio, que buscan las gubernaturas de Michoacán y Guerrero, respectivamente.

Las acusaciones y procesos penales por violación y abuso sexual que enfrenta Mace­donio ya había sido antes soslayadas, pero el hilo se rompió por lo más delgado.

Ante el suceso, el propio AMLO lanzó va­rios misiles al INE, al que llamó “supremo po­der conservador” y mostrarse extrañado por­que antes la autoridad electoral no actuaba así, mientras que el dirigente nacional de Mo­rena, Mario Delgado, advirtió que enfrentarán al INE en el Tribunal Electoral, en las Cáma­ras, las calles, los medios, las redes y las urnas.

El INE respondió que no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política, ni de nin­gún actor político; “el Instituto está en contra de quien viole la ley, sea quien sea”.

La disputa no ha terminado y los ataques al árbitro electoral, como en el futbol, persistirán para desgracia de todos. Del posible resulta­do final de estas rencillas, mejor ni hablamos.