Durante la Sesión del Congreso del Estado del pasado martes, el ahora diputado sin partido Carlos Morales Álvarez propuso demandar al gobierno federal que permita a quienes tienen recursos para ello, adquirir sin restricciones la vacuna contra el COVID-19.
Según el joven legislador poblano, de esta manera podrían salvarse muchas vidas de una manera más acelerada, sin tener que esperar el turno que le corresponde a distintos segmentos de la población, de acuerdo a la logística prevista, y además permitiría al gobierno enfocarse a los sectores más desfavorecidos, que son además los más vulnerables a la pandemia.
La propuesta finalmente fue turnada a comisiones con pocos augurios de prosperar, no sin antes haberse generado un debate sobre las dificultades y los traspiés del gobierno federal en su lucha contra la pandemia.
Habría que acotar que el planteamiento de abrir sin restricciones la compra de directa de la vacuna a los grandes emporios internacionales no es nueva, pues ya ha sido expuesta en semanas recientes por otros actores sociales, pero no por eso habría que desdeñarla. Y menos ahora, cuando precisamente hay un justo reclamo por parte de la Organización Mundial de Salud debido a que a la fecha, el porcentaje de atención a las personas más pobres debido a la pandemia ha sido mínimo y notoriamente insuficiente.
El director general del organismo Tedros Adhanom, ejemplificó al señalar que de los 40 millones de dosis de la vacuna contra la COVID que se han administrado ya en el planeta, solamente 25 (es decir, un 0.00006 por ciento) han sido inoculadas a personas en países pobres, por lo que demandó un reparto más justo.
En su mensaje de este lunes, sentenció que “el mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, y el precio de ese fracaso se pagará con vidas y empleos en los países más pobres”. Tedros recordó que las vacunas para la pandemia de la gripe AH1N1, que emergió recientemente, no llegaron a los países en desarrollo hasta después de que terminara aquella crisis, o que los fármacos para portadores del VIH llegaron a los afectados en las naciones pobres una década después que en las ricas, errores que no han de repetirse.
También lamentó que “algunos países estén dando prioridad a acuerdos bilaterales” para la adquisición de vacunas, lo que en su opinión está encareciendo los precios de las dosis, lo cual pone en riesgo un acceso equitativo. Si bien nuestro país no figura entre los más ricos, como los Estados Unidos y la Gran Bretaña que han hecho compras millonarias, sí debe reconocerse que se apresuró a concretar acuerdos con diversas empresas farmacéuticas para disponer de cantidades importantes de dosis, pero de ahí a que el suministro sea pronto y efectivo, hay todavía un largo trecho.
Ya esta misma semana se supo de las dificultades de Pfizer para surtir las vacunas comprometidas, y no como lo había dicho el presidente López Obrador por un generoso gesto de permitir se enviaran a países pobres, sino porque la empresa estadounidense detuvo su producción para ampliar su planta en Bélgica.
Así, de la entrega esperada de 400 mil dosis sólo llegó la mitad y otros envíos se postergarán hasta finales de marzo, lo que retrasará el calendario que se había dispuesto para la etapa de vacunación posterior a la actual en la que se cubre preferentemente a todo el personal de primera línea que atiende a pacientes, entre médicos, camilleros y administrativos de hospitales públicos y privados.
Tras este incidente inesperado, el gobierno federal se ha esforzado para que no decaiga el ánimo que generó entre la población la llegada y aplicación de las primeras vacunas y comete entonces el error de hacer cuentas alegres.
Y es que Marcelo Ebrard informó que de enero a marzo de 2021, México recibirá un total de 21 millones 394 mil 650 dosis de vacunas contra la COVID-19 para inocular a más de 14 millones de personas. Suena bien, pero en su conteo, el Canciller está incluyendo al menos a dos laboratorios que no han sido todavía autorizados para su comercialización, por estar apenas en la Fase III que es experimental, como es caso de la chino-canadiense CanSino y la soviética Sputnik.
El manejo de medias verdades suelen ser mentiras completas y no hacen sino producir confusión y desconfianza, al grado de pensar que el gobierno de pronto se hace bolas en su dificultad de explicar con claridad su estrategia completa para el ya de por sí complejo operativo de vacunación.
A ello súmele el descontento por la decisión de aplicar la vacuna a los brigadistas llamados “Servidores de la Nación”, que en su mayoría son jóvenes empleados del gobierno federal que realizaron trabajos de promoción del voto a favor de AMLO durante la campaña electoral de 2018.
Se sabe que son unos 20 mil en el país que luego fueron habilitados en programas sociales y que ahora acompañan en la logística de vacunación, pero no son de ninguna forma un sector preferencial ni prioritario para ser vacunados junto al personal médico y antes que las personas de la tercera edad.
A ello habría que agregar la desconcertante e imprevista renuncia, “por razones personales”, de Miriam Esther Veras Godoy, quien fungía como la principal responsable de todo el plan de vacunación del gobierno federal, incidente que también abona a las dudas y el desconcierto. Y qué decir de los frecuentes y cínicos casos de tráfico de influencias para acceder a la vacuna, o el criminal uso político-electoral al que algunos se han atrevido.
Todo este complejo y confuso escenario nos remonta al planteamiento inicial y nos obliga a la pregunta: ¿por qué no permitir que aquellos que puedan acceder por su cuenta a las vacunas lo hagan, así sea con un propósito comercial pero bajo reglas claras que impidan acaparamiento o abusos? En esa tesitura está ya el Consejo Coordinador Empresarial, cuyo presidente Carlos Salazar Lomelín ofreció a las autoridades sanitarias su colaboración desde el apoyo financiero, como un equipo de trabajo con capacidad de distribución, logística y aplicación de las dosis para cubrir a 11 millones de mexicanos por mes.
En su argumentación, señaló que México registra al pasado 17 de enero, 004% de dosis diarias de vacunas administradas porcada 100 personas, lo que equivale a 472 mil 142 personas desde el 24 de diciembre que arrancó el proceso de vacunación, es decir, casi un mes donde se vacunan un promedio de 18 mil mexicanos al día según cifras de Our World in Data con datos de la Universidad de Oxford.
En este sentido, empresarios aseguran estar listos para iniciar sus operaciones en el próximo mes de marzo, incuso el dirigente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez, ofreció el apoyo de sus agremiados al contar con casi 15 mil farmacias y muchos de sus agremiados están dispuestos a vacunar a sus empleados, solo falta el permiso.
A su juicio, “es absurdo” que no se permita a la iniciativa privada participar en el proceso de vacunación contra la COVID-19, más aún cuando se aprecian dificultades para lograr la cobertura a toda la población, mientras la pandemia avanza con mayores cifras de contagios y decesos. Y también mientras que la falta de programas económicos orientados a atenuar los estragos de la pandemia ha favoreció el crecimiento de la desigualdad social, al no brindar apoyos con programas económicos a quienes perdieron sus empleos, que no se recuperarán mientras persista la situación actual. Digámoslo muy claro.
Dejemos que el gobierno federal abandere su noble propósito de atender primero a los pobres y más vulnerables, de modo que en las etapas subsecuentes atienda a las personas de la tercera edad y a los segmentos más necesitados, lo cual reduciría su demanda de vacunas para darle oportunidad a otros países más necesitados.
Y que a la par, otros grupos sociales opten por adquirir la vacuna de manera libre y con sus propios recursos. Tiene sentido, salvo que la probable negativa del gobierno de la 4T tenga propósitos ocultos y sea otro el interés, que no sería otro más que el electoral. Ojalá y no, sería fatal.
