Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Los actuales no son los mejores tiempos para las instituciones.
Ya se había presagiado su fatal destino.
Recuérdese aquella frase en la que literalmente Andrés Manuel López Obrador las mandó “al diablo”, tras perder la elección presidencial en 2006.
Ya en el poder, y mediante diversas argucias, ha sido persistente el empeño por debilitarlas, hacerlas menos o incluso, si se puede, desaparecerlas.
Ello, a pesar de que todas fueron concebidas al paso del tiempo con el único ánimo de construir un mejor país, donde prevalezcan la legalidad, la democracia, la transparencia y el desarrollo social.
Sobran los ejemplos. Hemos sido testigos de su desmoronamiento.
El caso del Instituto Nacional Electoral es el más reciente.
Algunos como el propio INE, el INAI y otros más, luchan con denuedo por su supervivencia, resisten los embates con valentía y dignidad.
Otros, muy lamentable, se ahogan por sí solos, son kamikazes.
Ese es el caso de lo que fue la muy honorable Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Nunca antes estuvo tan demeritada.
Da pena porque al frente está una mujer que es heredera de una luchadora social, defensora a ultranza, precisamente, de los derechos humanos.
La hoy extinta Rosario Ibarra Piedra fue víctima y su activismo en reclamo de justicia tras la desaparición de uno de sus hijos, fue histórico y ejemplar.
Su otra hija, Rosario Piedra, ofende esa memoria.
Al frente ahora de la CNDH, no sólo luce incompetencia; también transgrede los nobles propósitos del organismo para cobijarse en los brazos del poder.
Poco o nada opera en su función de defensoría social.
No se le escucha a favor de los menores enfermos de cáncer a los que se les niegan los medicamentos.
Tampoco para reclamar un alto a los crecientes feminicidios.
Ni en defensa de los periodistas críticos ni condena para los asesinatos de informadores y defensores de los derechos humanos.
¿Acaso dijo algo cuando el gobierno tuvo que arrojar a la basura millones de vacunas contra COVID-19 que caducaron por la incompetencia de autoridades sanitarias del gobierno federal?
Al dirigir el organismo autónomo fundado “en tiempos del conservadurismo”, ¿cuál es el recuento en sus funciones de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que el orden jurídico mexicano ampara?
¿Cuántas quejas ha resuelto por presuntas violaciones a derechos humanos?
¿A cuántas víctimas ha proporcionado atención y acompañamiento?
Da vergüenza que hoy se evidencie a la CNDH de hacer el “trabajo sucio” e ilegal al gobierno federal en su propósito de desaparecer al INE y que, abatida por la 4T junto con otras instituciones antes autónomas, haga el papel de apéndice de las obsesiones del poder.
Tan graves señalamientos tienen explicación.
La CNDH de Rosario Piedra incursionó en terrenos prohibidos al cuestionar la integridad del INE y acusar a órganos autónomos haber servido sólo “para sabotear la voluntad del pueblo y manchar los procesos electorales”.
De manera institucional, se atrevió a exhortar al Poder Legislativo a reformar la actual ley electoral “para que se otorgue credibilidad a los procesos electorales y se deje afuera los intereses partidistas”.
“Es así que la CNDH hace un llamado público, respetuoso, a las y los legisladores de la República para que, tomando como referente las luchas democráticas mencionadas, y las posteriores, revisen la legislación electoral vigente”.
Y pidió a legisladores a que “realicen un análisis honesto y serio, que recoja las expectativas ciudadanas actuales, y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes, de manera insospechable de intereses partidistas o de facciones”.
La presidente de la CNDH debería saber que la Constitución establece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene competencia en la materia electoral. El Artículo 102, apartado B, párrafo tercero de la Carta Magna advierte que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales.
La prohibición constitucional a la CNDH para intervenir en temas de índole electoral es clara y expresa. No es su ámbito. Eso debería saberlo.
En un comunicado, el INE que preside Lorenzo Córdova respondió a la intromisión de Rosario Piedra.
“El INE agradece que la CNDH atienda a sus responsabilidades, así como el Instituto atiende y seguirá atendiendo los derechos político-electorales cabalmente y la ciudadanía será quien se lo reclame”, señaló en un comunicado en el que además detalló que, desde su creación, el INE ha organizado de manera exitosa 330 elecciones en todo el país, de tipo federal, local, partidistas, de Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y procesos de participación ciudadana.
“En todas ellas (incluyendo la presidencial que AMLO ganó) se garantizaron de manera plena las condiciones de equidad y el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, sin improvisaciones y con profesionales que, proceso tras proceso, cumplen su función de organizar elecciones y garantizar el respeto al voto”, enfatizó el organismo electoral.
No quedó ahí.
Pronto la trampa fue descubierta porque, de remate, los propios integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH mostraron este miércoles su abierto rechazo en contra de su titular Rosario Piedra, por el pronunciamiento que hizo contra el INE, mismo que jamás se discutió y mucho se avaló de manera institucional.
Se concluye así que el pronunciamiento contra el INE fue emitido a nombre de la institución, de la CNDH, pero concebido y ejecutado de manera personal por su presidente.
Sucia maniobra realizada seguramente por encargo.
Grave, muy grave que eso ocurra en ese maligno deseo de “mandar al diablo” a las instituciones que todos deberíamos salvar ante las duras embestidas de la 4T.
