Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Aunque las elecciones de 2024 están muy distantes, todos los días sube la temperatura en el ambiente político del país y también de Puebla.
A este ritmo, todo hace suponer que muy pronto estaremos frente a un proceso de definición de candidatos demasiado ríspido y con múltiples sorpresas, pero también ante unos comicios extremadamente competidos.
La guerra que viene, tal parece, no tiene precedente y su saldo es francamente impredecible.
En ese escenario anticipado de rispidez y confrontaciones, quizá ahora más que nunca el papel de las autoridades electorales será fundamental.
Más allá del acoso y de los embates que libra ahora el Instituto Nacional Electoral, de los que se espera salga bien librado con el respaldo social, en el caso de Puebla se aguarda mucho también de las tareas del organismo local.
Por lo pronto, el panorama luce alentador tras la designación hace días de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
La joven maestra en Derecho Constitucional por la BUAP, con estudios en temas de violencia política contra las mujeres, estará al frente del organismo en el complejo proceso electoral de 2024 que habrá de definir la próxima gubernatura de Puebla, así como los 217 ayuntamientos y las diputaciones locales, y debido a que su periodo es de siete años, abarcará también los procesos intermedios locales para elegir diputados y alcaldes en 2027.
Son muchas entonces los retos por cumplir y muchos también los desafíos que le avecinan, en especial por los antecedentes del organismo que presidirá tras los todavía cuestionados comicios de 2018 y la atropellada elección en el reciente 2021.
Llega al cargo, no obstante, con amplias expectativas al haber superado de manera relevante el largo proceso selectivo, en el que participaron 47 aspirantes, y por estar exenta de toda duda respecto a su integridad como funcionaria electoral.
Hay quienes cuestionan su corta experiencia en grandes lides, pese a que desde 2011 es integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional, además que ha sido vocal de Organización Electoral de la 14 Junta Distrital Ejecutiva del INE. También fue encargada de Despacho de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE y Vocal de Organización Electoral de la 12 Junta Distrital Ejecutiva del INE.
En su entrevista final ante consejeros nacionales, Cruz García ya dejó entrever cuáles podrían ser sus acciones inmediatas, lo que revela que al menos tiene alistada una muy puntual bitácora de trabajo.
En esa ocasión se pronunció por generar reglas lo suficientemente claras que permitan propiciar una “cancha pareja” e igualdad de condiciones para los partidos políticos, así como dar agilidad a las impugnaciones y al registro de las candidaturas.
Asimismo, consideró necesario revisar el tema de la propaganda electoral y despresurizar la carga de trabajo de algunas áreas por falta de personal, como la de Prerrogativas y Jurídica, y evitar los encargados de despacho, un mal que no ha sido posible corregir.
Parecería entonces que no anda tan errada la nueva titular del IEE, la que también refirió en su evaluación que tendrá como una prioridad, “promover el trabajo de equipo”.
Y vaya que hará falta, sobre todo cuando hay evidencias de una concentración de atribuciones casi plenipotenciarias que se ejercen desde la Secretaría Ejecutiva, gracias a un modelo implantado a conveniencia en la época del morenovallismo que en su momento ejerció Dalhel Lara.
La actual estructura es tan centralista que en el manejo operativo del organismo se le concede más facultades al secretario Ejecutivo que al presidente, situación que, por ser opuesta a la reforma electoral de 2014, debería corregirse.
De fondo y forma, los compromisos que deberá afrontar la nueva presidenta son muchos y variados, pero especialmente deberán enfocarse a corregir las experiencias adversas de los pasados comicios.
Si en 2018 la debilidad estuvo en la organización electoral, que después se corrigió, en 2021 las fallas mayores que acabaron por ensuciar al proceso fue el lento y desordenado registro de candidaturas, así como el ineficiente desahogo de las quejas.
En ambos casos no se previó con suficiente y capacitado personal, para atender la demanda de trabajo. En lo que se refiere a los registros, que fueron casi 21 mil, se actuó además con desmedida complacencia hacia los partidos políticos, cuyo abuso acabó por propiciar el caos.
Tales desatinos sugieren medidas administrativas inmediatas con el reclutamiento del personal necesario, pero también obliga al compromiso de los partidos políticos, que como instituciones públicas tendrían que asumir su responsabilidad para formar y disponer de cuadros con criterios incluyentes, sea en el caso de mujeres, como de indígenas y de grupos representativos de la diversidad sexual.
Para ello será indispensable también expedir reglamentaciones para los registros de candidaturas, a fin de anular la mañosa práctica de ampliar los plazos y, al mismo tiempo, transitar hacia un registro en línea a fin de que todo el proceso sea expedito, transparente y auditable.
En esa nueva perspectiva del IEE tendría también que revisar y evaluar la actuación de todas las áreas de la junta ejecutiva, que incluye por completo a las direcciones y coordinaciones y, desde luego, replantear las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva, a efecto de conceder a los consejeros electorales facultades de nombramiento, remoción y promoción del personal, entre otros aspectos.
En esa reestructuración también debería obligarse que, como ocurre y se exige en el INE, cada plaza sea sometida a concurso y concederse por méritos a través de exámenes de oposición. De esta forma se elevaría el nivel profesional de los servidores públicos electorales y se evitarían los arraigados favoritismos y los casos de amiguismo.
Hay otros pendientes, como pretender la clasificación del ISO en materia electoral que organismos de otras entidades tienen para mejores prácticas y hasta hacer el esfuerzo por contar con un programa propio de resultados electorales preliminares (PREP), que a mediano plazo significarían mayor certeza y ahorros financieros sustanciales.
Por último, desde luego, haría falta promover una mayor y más amplia vinculación del organismo con la sociedad, lo que significa emprender medidas de participación ciudadanía e interacción con cada sector de la población.
Son muchas las tareas, variadas las exigencias y enorme la responsabilidad de la nueva gestión del IEE frente a una elección que se vislumbra memorable.
