Soliloquio
Felipe Flores Núñez
A finales de mayo pasado, en la comunidad de San Pablo de Tecámac, Estado de México, un perro fue lanzado a un cazo de aceite hirviendo por un sujeto que había sostenido una discusión con el propietario de una carnicería.
Días después, en el municipio poblano de Huauchinango, una menor de edad presumió en sus redes sociales haber ultimado a un perro y hasta publicó fotografías con el animal destazado. “De hecho mi objetivo principal era matar a un gato, pero como era difícil y se me presentó esa oportunidad dije: ah va”, escribió la joven en su mensaje en Facebook
Luego, en el municipio de Los Reyes de Juárez, Puebla, un sujeto armado atacó a balazos a un pequeño canino, hasta causarle la muerte.
Esta misma semana, en Atlixco, Puebla, fue denunciado el caso de una perrita que había sido abusada sexualmente por un menor de sólo 12 años.
Y también, en Tlalnepantla, Estado de México, un hombre fue grabado cuando estrangulaba sin recato a un indefenso gatito.
Historias patéticas, hechos condenables, repugnantes todos.
Ante la incidencia de ese tipo de reprobables hechos en los que Puebla también ha sido escenario, grupos de activistas y de organizaciones animalistas realizaron el pasado viernes en la capital poblana una marcha que culminó en el zócalo para exigir que se haga justicia y se tomen medidas desde el gobierno para frenar este fenómeno social.
Este mismo domingo volverán a salir a las calles como parte de una jornada que se replicará en distintas ciudades del país, en la que se pedirá que a nivel federal se impongan penas más severas a los agresores e, incluso, que se promueva una reforma constitucional que proteja y ampare a los animales.
Respecto a los dos incidentes ocurridos en Puebla en los que intervinieron menores de edad –la muerte por tortura extrema contra un cachorro y un caso de zoofilia contra una perra de dos años–, la autoridad recién informó que no serán castigados con cárcel, pues “se sobrepondrá el interés superior de los menores para que enfrenten las consecuencias de sus actos en libertad”.
El fiscal especializado en Derechos Humanos del estado de Puebla, Ulises Sandal Ramos Koprovitza, dijo en conferencia de prensa que se prevé asistencia en libertad para los menores de edad que pudieron haber cometido hechos delictivos, en tanto que el fiscal general Gilberto Higuera Bernal reconoció que ambos casos están catalogados por la ley como delitos, pero al relacionarse con menores “se debe privilegiar su interés superior”, además de cuidar la identidad de los presuntos infractores.
Se sabe además que diversas instancias de gobierno ofrecerán asistencia psicológica y acompañamiento social a los menores, pero es claro que los activistas que se están manifestando no están de acuerdo con la postura oficial, van más allá y le piden al gobierno “que haga su chamba”.
Para ellos, todos los violentadores de animales deben recibir castigo, “sin importar su edad” y en ese punto insistirán hoy, cuando acudan a la sede de la Fiscalía General del Estado.
Habría que preguntarse entonces si el problema debiera constreñirse sólo al ámbito punitivo; si lo que hace falta es un marco jurídico de mayor alcance, y en ese caso la respuesta es un no definitivo.
En Puebla existe un marco normativo amplio y suficiente acorde al reto del país. La Ley de Bienestar animal considera crueldad animal todo acto intencional de violencia que le produzca daño, sufrimiento, lesiones o muerte y detalla como tipos de maltrato la zoofilia, tortura, mutilación, asfixia incendio, ataques con ácido, armas de fuego u objetos punzocortantes, pirotecnia, suministro de drogas y experimentación ilícita.
El Código penal prevé que en los casos que se lastime al animal, pero que dichas heridas no pongan en riesgo su vida, las sanciones pudieran ser de seis meses hasta cuatro años de cárcel. Y cuando las heridas infligidas provoquen la muerte del animal, el castigo va de cuatro a ocho años de prisión, además de multa económica de 200 a 400 días de salario.
Existe además, desde 2018, el Instituto de Bienestar Animal, instancia que, además de recibir denuncias, realiza una tarea importante para el rescate de animales que han sido víctimas de maltrato y crueldad, a los que ofrece rehabilitación mediante terapias médicas y de conducta para que puedan reintegrarse nuevamente a un hogar.
Su labor se suma a la que realizan las autoridades municipales, que son la autoridad responsable y que en las principales ciudades tienen áreas especializadas, como en el caso del ayuntamiento de Puebla, que se jacta de ser la primera administración que ha sancionado administrativamente el maltrato animal.
El ayuntamiento de Puebla sanciona administrativamente las faltas al Capítulo 27 del Código Reglamentario Municipal (Coremun), como es dejar a un animal amarrado más de cuatro horas, cuando está en un espacio insalubre, reducido y que impide su desarrollo o no se le brinda atención médica o su cuadro de vacunación, por mencionar algunas situaciones. Cuando se trata de actos delictivos, el tema trasciende de instancia y es atendido por la Fiscalía.
El maltrato contra los animales no es nada nuevo, ha ocurrido desde siempre. Lo significativo es que los casos se han multiplicado durante las semanas recientes de modo alarmante y que en algunos se aprecien tintes de una violencia extrema difícil de entender.
Por desgracia, dos de esos incidentes ocurrieron en Puebla y en ambos, como se refirió, destaca la participación activa de menores de edad, lo cual hace pensar en la necesidad de acciones efectivas y urgentes, muy por encima de lo que se hace hoy desde la vía legal y asistencial.
Las agresiones a los animales, habría que decirlo, son en buena medida reflejo fiel de una sociedad desajustada, en la que muchos de los valores esenciales de la convivencia social parecen haberse extraviado. Por ello, la reiteración de casos debiera leerse como signos de alerta que pudieran desencadenar violencia social.
Para Crónica de Puebla, Dulce María Pérez Torres, psicóloga y socióloga de la UPAEP, dijo recientemente que en este tipo de casos “los jóvenes pierden contacto con la realidad, por lo que es necesario que desde la infancia no se rebasen límites, pues conductas no atendidas de esta naturaleza tienden a convertirse en conductas criminales”.
Aquí está el reto que deberíamos enfrentar desde su raíz, que no es otro que el de la familia.
Algo estamos haciendo mal desde el seno familiar si se considera que siete de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato y que, de acuerdo con la organización defensora de los animales AnimaNaturalis, México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en maltrato animal y el tercero a nivel mundial.
