Ya es oficial: el Instituto Electoral del Estado denegó la solicitud que formalmente le había planteado el ayuntamiento de Puebla para que se hiciera cargo de la organización del proceso electivo en las 17 juntas auxiliares, previsto para inicios del año entrante.
Tal negativa es de lamentarse, porque es bien sabido que dichos comicios han sido históricamente una auténtica farsa y un ejercicio de simulación, que en nada contribuye al permanente deseo de una vida política cada vez más apegada a la legalidad y a favor de la democracia.
En su respuesta al Cabildo capitalino, emitida apenas este viernes, el IEE argumentó que si bien lleva a cabo las elecciones estatales para elegir gubernatura, diputaciones al Congreso local y miembros de ayuntamientos, “es atribución de cada ayuntamiento la organización de los plebiscitos en las juntas auxiliares, según la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla”.
Con su rechazo, se observa que ciertamente el IEE procedió con estricto rigor a lo que mandata la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque ello no descarta una eventual aceptación, bajo la premisa que el organismo tiene como principal tarea, precisamente, la de organizar elecciones.
En el Acuerdo del Consejo General del IEE refiere también el antecedente ocurrido en 2019, cuando tuvo que intervenir para organizar tres plebiscitos en el municipio poblano, entre los que destacó por su relevancia el celebrado en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, pero explica que aquella vez asumió esa responsabilidad por mandato del Tribunal Electoral.
Ciertamente aquella vez fue la excepción de la regla, pero al mismo tiempo eso generó un precedente que en términos legales ahora podría ser utilizado por el demandante, en este caso el ayuntamiento de Puebla.
¿Aquella vez sí, por qué ahora no? ¿Tal evento no generó jurisprudencia?
Hay otro par de razones en las que el IEE fundamentó su desistimiento, aunque ninguna de ellas, por su conveniencia, las expuso en su comunicado para los medios de información.
Una es de carácter presupuestal, lo cual es cierto debido a la precariedad con la que subsiste el organismo electoral, pero este escollo bien podría ser resarcido con facilidad, pues basta que el ayuntamiento poblano transfiera la partida que tiene dispuesta e incluso, de hacer falta, pudiera tramitar una ampliación ante el gobierno estatal, con lo que todo quedaría en una mera gestión burocrática.
La otra razón que el IEE ponderó es que tiene en su agenda para el arranque del año entrante la organización de los comicios extraordinarios en tres municipios, a saber: San José Miahuatlán, Tleotlalco y San Rita Tlahuapan, lo que supone que estarán ocupados lo suficiente como para pensar en la carga que implicaría atender los plebiscitos de la capital poblana.
Eso también es cierto, pero finalmente también se supone que tienen la capacidad y la experiencia para esos y otros retos más, de modo que el obstáculo podría ser bien superado.
Por último, el IEE señala que “para que este organismo electoral tenga la atribución de organizar plebiscitos en las juntas auxiliares, sería necesario que el Poder Legislativo modifique la Ley Orgánica Municipal del Estado”.
Así es, en efecto. Y para que nadie se sienta sorprendido, lo más conveniente sería que el Congreso del Estado retomara el asunto y legislara para modificar la norma actual que obliga a los ayuntamientos, para transferirla al organismo electoral, pero eso, al menos por razones de tiempo, por ahora es imposible.
Y para que no se diga que se retachó la solicitud del alcalde capitalino Eduardo Rivera sin clemencia alguna, el IEE se dijo dispuesto a “coadyuvar” con el préstamo de material electoral, como mamparas y urnas, así como para gestionar gestión ante el Instituto Nacional Electoral para disponer del listado de Reconocimiento Óptico de Caracteres y hacer la gestión, ante el Instituto Politécnico Nacional, para la adquisición del líquido indeleble.
Todo ello –dijo– “con el objetivo de que el ejercicio de elección sea democrático y transparente”.
Ahí está el meollo del asunto.
Y es que si verdaderamente el objetivo compartido es que los plebiscitos sean “un ejercicio de elección democrático y transparente”, la única manera de lograrlo es que sea el IEE y no los ayuntamientos los que lo organicen.
Nadie puede negar que la lista es muy larga respecto a las patrañas que hemos visto reiteradamente cada tres años en los plebiscitos de las juntas auxiliares.
De inicio, un involucramiento descarado de los partidos políticos, que se burlan de la prohibición normativa de inmiscuirse. Hay casos tan burdos, como que los candidatos electos utilicen en su propaganda y pintas de bardas los colores de las organizaciones partidistas.
Son comunes también las movilizaciones disfrazadas y el inaceptable manoseo en todo el proceso, incluyendo la designación de candidatos y la nominación de los funcionarios que atienden las casillas electorales, especialmente en el caso del partido que gobierna en el municipio.
Tal vez sea tarde para corregir las deficiencias que hay en torno a estos ejercicios para designar a los presidentes auxiliares, pero aún quedan abiertas algunas posibilidades para reparar los daños.
Entre las alternativas, queda la opción de que la comuna extienda su petición a la autoridad jurisdiccional, esto es los tribunales en la materia, para que sea ella la que formalice la petición ante la instancia electoral local, en un ánimo de transparencia y legalidad.
Y otra desde luego, a más largo plazo, es que el Congreso haga lo suyo para que en un futuro el IEE absorba tal responsabilidad, bajo el entendido que esa tarea le corresponde por naturaleza.
Cualquiera que fuera el caso, toda medida que se asuma para terminar con la simulación y abonar a la democracia, será siempre bienvenida.
