La aplicación de políticas públicas hace la diferencia entre los gobiernos.
Esas políticas implican, por naturaleza, el establecimiento de estrategias para resolver problemas sociales.
Su objetivo es la obtención de mayores niveles de bienestar, en especial para los sectores más necesitados.
Queda claro también que desde el ámbito del gobierno, la adopción de políticas públicas tiene sus complejidades, riesgos y exigencias.
No siempre se está en posibilidad de concretarlas.
Hace falta que incidan sensibilidad, visión, planeación y desde luego, recursos financieros.
En este contexto se encuadra un par de recientes decisiones del gobierno estatal para la atención de rubros de la mayor prioridad social: educación y salud.
En ambos casos hubo noticias esta semana.
Ya recientemente se había adelantado la versión de que se adoptaría el Programa Escuelas de Tiempo Completo que el gobierno federal desdeñó por causas que todavía no se han explicado a cabalidad.
Frente a esa realidad ineludible, el pasado martes se anunció que con recursos propios y bajo reglas claras de operación, la estrategia de educación con horario amplio será retomada en Puebla a partir del próximo ciclo escolar. Este mismo año.
No hay, al momento, ninguna otra entidad en el país que haya tomado esa determinación, si acaso algunos reclamos aislados a la SEP federal y una tibia intervención de legisladores sin consecuencia alguna.
Lástima que así sea, porque se trata de una política pública de gran envergadura en cuanto a que atañe a la educación y a la formación integral de niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria.
Mediante este modelo, que ofrece horarios extendidos, atención personalizada y alimentación, se benefician poco más de 95 mil alumnos poblanos, la mayoría de familias con escasos recursos y de comunidades aisladas.
Hay más.
También esta semana surgió una noticia vinculada a otra política pública de gran impacto, ésta en materia de salud y a favor de los adictos al alcohol y a las drogas; enfermos todos.
Se trata de personas tradicionalmente marginadas y a veces hasta despreciadas que por simple solidaridad humana habría que apoyar y proteger.
Ya en este mismo espacio hicimos referencia a un comentario que de manera marginal hizo el gobernador Miguel Barbosa en sus cotidianas conferencias de prensa, respecto a la posibilidad de mejorar las condiciones del servicio que presta su gobierno a los enfermos por adicciones.
En esa ocasión se dirigió públicamente al secretario de Salud, José Antonio Martínez García, para pedirle un proyecto que permitiera hacer más eficiente y útil el muy precario Centro Estatal de Salud Mental, ubicado en un anexo de “El Batán”.
No pasó un mes de aquella propuesta, y este martes el mandatario hizo el anuncio que concreta su propósito, al revelar que será creado un centro especializado para atender a personas adictas al alcohol y a las drogas y que sería operado por el Sistema DIF estatal.
Se reconoció que, como en el resto del país, las cifras de niños y adolescentes adictos “es grave”, y en consecuencia, se justifica la necesidad de ofrecer servicios especializados, que incluirán también a las personas adultas.
Se asumió que en el caso de los menores que incurren en el consumo de sustancias prohibidas hay repercusiones severas en el desarrollo de sus vidas, incluso muchos se incorporan a actividades delictivas.
Son, de algún modo, delincuentes en potencia que son usados por las bandas criminales.
Por ello, además de las acciones de atención médica y sicológica a los adictos, se anunció también que será promovido un “fuerte programa de prevención”, dirigido especialmente a menores de edad.
En este esfuerzo participarán de manera conjunta las secretarías de Salud, Educación Pública y Economía.
Frente a tales decisiones, habría que reconocer que los esfuerzos realizados hasta ahora en estos temas a nivel nacional han sido aislados y vanos. Esta parece ser la oportunidad para resarcir los descuidos.
También tendría que considerarse que en esa tarea de prevención a las adicciones, la participación social tiene un papel preponderante.
Se ha dicho que la sociedad no debe ser sólo receptora o espectadora de un servicio público. Tiene que ser también corresponsable, protagonista y contralora.
Esta iniciativa del gobierno estatal, política pública con sentido social, invoca a un programa que a pesar de su efectividad, por burocracia u otro tipo de intereses, fue rezagado al paso de los años.
Me refiero a Adefar que dirigió Manuel Mondragón y Kalb bajo el patrocinio de la Procuraduría General dela República, a cargo entonces del jurista-humanista Sergio García Ramírez.
El programa Adefar –Atención a la Delincuencia Asociada a la Delincuencia– tuvo saldos extremadamente favorables.
Se involucró a todas las entidades federativas y se promovió en los municipios la conformación de comités que lideraban maestros y padres de familia de cientos, millares de escuelas, además que se involucró a muy distintos actores y líderes sociales.
Todo un ejército ciudadano para prevenir la farmacodependencia y, de modo colateral, la comisión de delitos. En poco tiempo se integraron en el país más de 12 mil comités y se hizo gran difusión que el tiempo y razones inexplicables desafortunadamente disiparon. Lo describo ahora como un importante referente.
En suma, acciones en materia de educación y salud mediante políticas públicas de alto impacto y con la participación social.
Eso y no otras cosas marca la diferencia entre los gobiernos de hoy.
