Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Por disposición judicial, los beneficios del programa federal Escuelas de Tiempo Completo (ETC) deberán ser restaurados.
Dicho programa había sido anulado a nivel nacional en marzo pasado, cuando aún Delfina Gómez era la secretaria de Educación Pública del gobierno federal.
La ahora virtual candidata de Morena al gobierno del Estado de México anunció entonces que los recursos de las ETC serían transferidos al programa La Escuela es Nuestra, cuyo principal objetivo es apoyar la infraestructura de las instituciones educativas, ya que –aseguró– tienen muchas necesidades básicas como agua y sanitarios.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue más directo al atribuir, sin dar detalles, que la extinción del programa obedeció a que “había malos manejos”.
No obstante, y en virtud de su alto impacto educativo y de beneficio social, algunos gobiernos estatales decidieron mantener el programa por su cuenta, sufragando su costo financiero. Fue el caso de Puebla, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California y Baja California Sur, así como la Ciudad de México.
Por intempestiva e incomprensible, la cancelación del programa ETC generó enorme malestar en todo el país, ya que fueron afectados 3.6 millones de alumnos de casi 27 mil escuelas que recibían horas adicionales de aprendizaje y otro 1.6 millones de estudiantes de pobreza extrema que tenían servicio de alimentación.
Este modelo educativo inició su operación en el ciclo escolar 2007-2008, en pleno mandato de Felipe Calderón, “con el objetivo de contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de educación básica mediante la ampliación del horario escolar”.
Desde entonces se consideraron los posibles efectos positivos sobre los aprendizajes y el rezago escolar grave, además que sería reducida la proporción de estudiantes en el nivel más bajo de desempeño en las pruebas estandarizadas.
El programa ciertamente logró fomentar la inclusión e igualdad al permitir que los maestros dediquen más tiempo a que los alumnos aprendan y se pudo inhibir que los niños sean víctimas de la delincuencia al pasar más horas en la escuela.
La jornada escolar se amplió de 4 a 6, o hasta 8 horas y con ello se ofrecieron mayores oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes al adquirir nuevas habilidades, como hablar inglés o tocar un instrumento.
Al agregar 400 horas al ciclo escolar, los estudiantes de las Escuelas de Tiempo Completo realizaban actividades didácticas con apoyo de tecnologías digitales para fortalecer su formación en Matemáticas, Lectura y Escritura, así como Arte y Cultura.
Al mismo tiempo, permitió que muchos padres de familia pudieran desempeñar sus compromisos laborales, a sabiendas que sus hijos estaban bien atendidos y alimentados.
Ninguna de esas consideraciones fueron ponderadas cuando se decidió extinguir el programa, que ahora resurge por disposición de la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, la que consideró que su transferencia al programa La Escuela es Nuestra “no logra satisfacer en su conjunto de la misma manera que lo hacía a niños y niñas su derecho a la educación y a la alimentación”.
En el acuerdo, se ordena a todas las autoridades vinculadas restaurar el servicio educativo tal y como operaba antes.
Con esta resolución, la jueza obliga a las autoridades educativas, al igual que a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda, a “adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en ETC, incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes”.
Para ello, estimó que “las autoridades violaron el principio de progresividad respecto de los derechos a la educación y a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes, además del interés superior de la niñez, ya que las Escuelas de Tiempo Completo otorgaban beneficios que garantizaban el ejercicio de estos derechos, mismos que ya no son posibles de obtener a través del programa La Escuela es Nuestra”.
También se reconoció que fueron afectadas desproporcionadamente las mujeres madres de familia, quienes dependían de las Escuelas de Tiempo Completo para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos, mermando “la posibilidad de que desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía”.
Tal resolución judicial anunciada esta semana, se derivó de una demanda de amparo que fue presentada por la organización civil Mexicanos Primero, a través de su vertiente Aprender Primero, con el apoyo legal del despacho Aguilar Barroso Abogados.
El reclamo fue que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores de manera arbitraria, y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica.
Se corrige así uno de los muchos desaciertos del gobierno federal, que en el caso de Puebla, no hubiera impactado, toda vez que el gobierno de Miguel Barbosa reaccionó en su momento con visión y pertinencia social, y con oportunidad envió al Congreso una propuesta que permitiera la prevalencia del programa, que en Puebla beneficia a más de 93 mil alumnos.
La iniciativa que implicó reformar un párrafo segundo de la fracción XII del artículo 119 de la Ley de Educación del Estado, fue aprobada en marzo pasado por unanimidad, para beneficiar a alumnos poblanos de preescolar, primarias generales e indígenas, telesecundarias, secundarias técnicas, Centros de Atención Múltiple, escuelas multigrado y escuelas de educación especial.
Habrá que esperar todavía la reacción del gobierno federal, tan reacio de aceptar errores y con una visión muy particular respecto a los mandatos judiciales. (“No me digan que la ley es la ley”).
Por lo pronto, el programa educativo deberá mantenerse vigente.
Aquí lo estuvo siempre.
Puebla, otra vez, con un paso por delante.
