El muy lamentable caso del linchamiento de una persona en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez tendrá que ser investigado a fondo, como se dijo que lo está haciendo la Fiscalía General del Estado, pero en otra vertiente, tal vez debiera servir además como referente para que hechos de similar brutalidad no vuelvan a ocurrir en la entidad.
Este tipo de acontecimientos han sido históricamente recurrentes en Puebla y el ocurrido la noche del domingo pasado no es el primero en esa región, de modo que se puede deducir que algo está fallando en el diseño de políticas públicas en su ámbito social y de procuración y administración de justicia.
Como bien lo documentó este diario, entre 2017 y 2019 se registraron en Tlacotepec de Benito Juárez seis incidentes similares, en los que se rescataron con vida a nueve implicados y dos más murieron, mientras que en 2018 hubo otros cuatro eventos contra ocho personas, de los cuales una falleció.
Ante el hecho reciente, la Secretaría de Gobierno reveló que durante el primer semestre de este año en 36 municipios se han registrado 108 eventos en los que se ha activado el protocolo para evitar que ocurran linchamientos, lo que ha permitido que 160 personas sean agredidas.
Si bien tales cifras revelan la alta incidencia de este fenómeno, hay que decir también, aunque parezca contradictorio, deja ver que las previsiones y estrategias del gobierno han sido efectivas, si bien la evidencia demuestra que no se ha podido generar cambios en la base social.
Es muy deplorable que Puebla figure desde hace años entre las entidades del país con mayor número de linchamientos, eventos que por su propia naturaleza contravienen la disposición constitucional que prohíbe hacerse justicia por sí mismo.
Un informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos elaborado en 2018 reportó que en la entidad poblana ocurrieron ese año un total de 48 casos, seguido por el Estado de México con 40, Tabasco con 22, Ciudad de México con 13 e Hidalgo con 9. De estos hechos se tuvo como resultado 246 agraviados, 34 que culminaron con la muerte de la víctima, es decir, fueron consumados y 119 quedaron en tentativa.
En el caso de Puebla, la mayor incidencia se registró en la capital y en los municipios de Tehuacán, San Martín Texmelucan y, obviamente, Tlacotepec de Benito Juárez.
Más allá de la estadística, retomo en particular lo señalado respecto a los resultados de encuestas levantadas por la propia CNDH en las comunidades donde había ocurridos casos concretos de linchamiento: siete de cada 10 poblanos dijeron estar de acuerdo con el hecho de que las personas hagan justicia por su propia mano si las autoridades no responden a las denuncias con efectividad, mientras que seis de cada 10 respondió que, si la autoridad no castiga a los delincuentes, la sociedad tiene el derecho de castigarlos.
El organismo también buscó conocer la postura de los participantes de linchamientos, acerca de hacer justicia por mano propia y en el caso de Puebla, el 55.6 por ciento dijo estar de acuerdo, el 34.2 por ciento en desacuerdo, el 8.2 totalmente de acuerdo y el 2.1 totalmente en desacuerdo.
Lo anterior indica que este fenómeno tiene evidente explicación en la pérdida de valores en un ámbito de fragilidad en el tejido social, pero muy particularmente, refleja una grave crisis de autoridad.
Estamos ciertamente muy lejos de que los ciudadanos, cualquiera que sea su condición social, tengan confianza en la figura de la autoridad, personalizada ya sea en el policía o en el impartidor de justicia.
Como datos adicionales, que también son útiles para la reflexión, cabe asentar que la Real Academia Española define el verbo linchar como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”, y subraya que los linchamientos implican una violación al artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que no respetan la presunción de inocencia, además de imponer tratos denigrantes a la persona.
Por otra parte, un estudio divulgado por el Senado de la República apunta a su vez que el linchamiento es un delito que pone en evidencia la crisis de la impartición de justicia y vulnera los derechos de los acusados.
“Si bien es un fenómeno global, en México se han repetido diferentes casos debido al hartazgo de la población por la inseguridad y actividades de la delincuencia organizada, aunque también ha sido un método de seguridad pública”, señala el organismo.
Los linchamientos, ratifica, son producto de falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa en perjuicio de acusados que no son puestos a disposición de las autoridades.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha encontrado en los casos de linchamientos algunas constantes, entre las que destacan “falta de confianza en la policía y el sistema de justicia, además de la impunidad de la que disfrutarían los autores de crímenes”.
Una característica común en los linchamientos consumados, afirma, es que los agresores en la gran mayoría de los casos son impunes al llamado a cuentas a la justicia. “Es un fenómeno a escala internacional por lo que vulnera los diferentes estados de derecho. Asimismo, tiene como consecuencia la generalización de la violencia en las comunidades donde se registra, por lo que la autoridad queda rebasada sin importar el respeto a las garantías individuales”.
Por su alta prevalencia en Puebla, este fenómeno tendría que ser atendido de manera especial. Es un avance que, a diferencia en otras entidades, en Puebla existe ya un protocolo, documento normativo que habría de consolidarse y además, como lo sugiere la especialista Elisa Godínez, “más allá de las condenas, hacer un esfuerzo desapasionado para identificar las causas visibles y entender las invisibles, esas que no aparecen a primera vista y son opacadas por el escándalo y el dolor”.
Y como bien dice, el camino hacia una solución implica reconocer y atender el daño y la fragmentación que permanecen en las comunidades después del acontecimiento de violencia, identificar el contexto y los efectos de las múltiples formas de violencias que ahí se padecen y, sobre todo, comprender que mientras la justicia del Estado continúe siendo excluyente y omisa, los linchamientos no van a cesar.
Queda pues, mucha tarea por hacer.
