Estaba dispuesto a escribir sobre las iniciativas de reformas constitucionales que se propondrán este año, cuando otro tema provocó no sólo mi atención, sino también interés y mi más absoluta indignación.
Como a mucho otros, también me sorprendió a sobremanera el cinismo y la falta de ética profesional de un funcionario de primer nivel del gobierno federal.
Me refiero al cada vez más detestable Hugo López-Gatell, quien desdeñó en un programa de televisión el reclamo de familiares de niños con cáncer por la falta de medicamentos.
El subsecretario de Salud sostuvo que ese reclamo por el desabasto de medicamentos para tratar esa enfermedad “tiene tintes golpistas”.
En tono de escarnio, dijo que “esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos posicionado como parte de una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista”.
“Me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta o por lo menos que quede registrado, este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica con golpe, golpe; golpe de Estado”, señaló.
El controvertido médico aseguró que se cuenta con documentos sobre grupos del PRI y el PAN, donde exfuncionarios y funcionarios y legisladores, “participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en administraciones pasadas, ninguna sorpresa”.
Minimizó también las manifestaciones de padres y madres de niños con cáncer que llevan meses reclamando medicamentos para sus hijos, “son un grupo de unas 20 personas, los mismos que han hecho varias protestas públicas”.
¿Cómo calificar ese inhumano desprecio al drama de cientos de niños y mujeres con el letal padecimiento?
Bastaría la muerte de un sólo niño con cáncer por falta de medicamentos para despedir a los responsables. Y más que eso: para proceder legalmente por tamaña insensatez.
La situación se agrava cuando el servicio incumplido proviene del sector público. Y más cuando los agraviados son mayoritariamente de escasos recursos.
Pero tal parece que en este país de contradicciones no es así. No al menos en esta historia que no es nueva y que se agudizó con la llegada al gobierno de la 4T.
¿Cuál es el antecedente histórico de esta infamia?
Dispuestos a la innovación y a borrar lo hecho por sus antecesores, al arranque de gestión de la actual administración, los nuevos titulares del sector salud transformaron toda la estructura organizacional e impulsaron nuevos programas.
Desapareció así el Seguro Popular, pese a que durante su existencia había mostrado eficiencia y ampliado sustancialmente su cobertura en todo el país.
En su lugar, se creó en 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el mismo objetivo de proveer servicios a quienes no tuvieran seguridad social del IMSS o del ISSSTE.
Luego vino el rompimiento con las empresas proveedoras de medicamentos. Se argumentaron razones económicas, pero sobre todo, se acusó la existencia de un intolerable monopolio por parte de empresas farmacéuticas. Hablaron de corrupción y de millonarios intereses.
Es posible que eso fuera cierto, pero en lugar de investigar y proceder incluso penalmente, se optó por la medida fácil. De manera intempestiva rompieron tratos con las empresas proveedoras, PISA entre ellas como la de mayor envergadura.
Con 76 plantas de producción, PISA Farmacéutica desarrolla desde hace 76 años productos y servicios de salud pública y privada en México, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Fabrica casi mil 500 marcas de medicamentos en 17 líneas de especialidad.
PISA es el único laboratorio nacional con capacidad de surtir el medicamento oncológico reclamado por miles de mexicanos, pero el gobierno federal le cerró sus puertas. Se dice, incluso, que pretende hacerlo caer en quiebra.
Muchas voces han advertido que esa no parecía ser la mejor solución. Menos, sin prever las consecuencias.
Fue entonces que las medicinas oncológicas empezaron a escasear. La falta de un proyecto alternativo para atender la demanda de niños con padecimientos graves y mujeres con cáncer de mama provocó un caos incontrolable.
Ahora es enorme la demanda, y también las inconformidades de los enfermos en todo el país.
Para tener una idea, tan sólo el Hospital del Niño Poblano otorga tratamiento a unos 150 niños con cáncer. Cada semana llegan tres o cuatro nuevos casos.
Afortunadamente Puebla es la excepción al haber previsto el problema y actuado con oportunidad. El gobierno de Miguel Barbosa ha invertido 2 mil millones de pesos para impedir el desabasto.
En el resto del país, la situación es otra. Son muchos los decesos a falta de tratamiento. Familiares de pacientes pediátricos oncológicos aseguran que desde que comenzó la carestía de medicamentos y el servicio de quimioterapias, han fallecido en México más de mil 600 niñas y niños con cáncer.
Padres y madres de los menores han sido reiteradamente engañados con la promesa de que pronto estarán disponibles las medicinas. Los escucharon autoridades del gobierno federal luego de bloquear los accesos al aeropuerto capitalino y de instalar un plantón en las afueras del Palacio Nacional.
El plazo incumplido más reciente se cumplió el pasado fin de semana. Decepcionados, anuncian ahora una marcha nacional. Participarán padres y madres de niños con cáncer de Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, Guerrero, Ciudad de México. A la manifestación pública se sumarán personas de la comunidad LGBT que se han visto perjudicadas por la falta de medicamentos antirretrovirales.
También acudirán mujeres de Oaxaca y otras entidades que se han visto afectadas por la desaparición del subsidio a la Fundación del Cáncer de Mama. Otras organizaciones se han solidarizado, entre ellas, Fundación Nicuatole; Movimiento Nacional por la Salud papás de niñas con cáncer; Cero desabasto; Fundación Mayrita y De Corazón A.C.
Se trata de un movimiento social legítimo. Su rabia y sus causas son justificadas. Llevan ya casi mil días de protesta por la escasez de al menos 39 claves de medicamentos que afecta a los pacientes que atienden los hospitales públicos del país.
Y mientras, con toda desvergüenza, López Gatell perdió la oportunidad de desdecirse. Esta misma semana confirmó las barbaridades que había dicho y reiteró que “tristemente el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar con el dolor”.
¿Qué hacer con un personaje así de nefasto, de irresponsable, de inhumano?
Y ya de su fracaso rotundo al frente de la pandemia por la COVID-19, mejor ni hablamos.
