El Congreso del Estado avaló la Ley de Educación del Estado de Puebla, que establece sanciones por retención de documentos y expedición de certificados irregulares, además de permitir a la Auditoría Superior del Estado fiscalizar a instituciones de educación superior públicas.
Durante la primera sesión del pleno en internet, por la crisis sanitaria del COVID-19, los diputados debatieron por más de seis horas esta propuesta mandada por el gobernador Miguel Barbos Huerta.
La bancada del PAN, en voz de Oswaldo Jiménez y Mónica Rodríguez, destacaron la falta de foros para nutrirla, así como para aclarar las dudas y críticas expresadas por el Consorcio Universitario.
Morena y PES defendieron la iniciativa con los diputados Gabriel Biestro y Olga Lucía Romero, al asegurar que se democratiza la educación y se evitarán los excesos de gobiernos del PAN, cuando a través del CAPCCE se desviaron recursos públicos. Nora Merino, legisladora del PES, también negó que el gobierno estatal regule el nombre y colores de escuelas privadas, sólo aplicará a instituciones públicas para evitar casos como el del exmandatario Mario Marín Torres, quien tituló a una escuela Blandina Torres, en honor a su madre.
La Secretaría de Educación podrá revisar las colegiaturas de escuelas privadas y, de ser excesivas, habrá multas de hasta un millón de pesos.
Se considera que los inmuebles de particulares sean declarados parte del Sistema Educativo Estatal, aunque legisladores de Morena descartaron que sea así.
A las escuelas privadas que retengan documentos personales y académicos por falta de pago se les multará con 434 mil 440 pesos.
Si expiden certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes incumplan con los requisitos de ley, la sanción será de un millón 302 mil pesos.
