La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) anunciaron que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no renovó su convenio para mantener el estímulo económico por la membresía de académicos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cuyos montos mantienen la competitividad en los salarios de los investigadores en el país.
Los primeros en sufrir esta medida fueron la Ibero y el Tec de Monterrey.
La decisión “supone un trato discriminatorio en sí mismo (…) Las universidades privadas que hacen investigación no están motivadas por el lucro, como lo demuestran sus programas de becas que benefician a miles de mexicanos (…), y son parte de un esfuerzo importante por combatir el rezago educativo y de investigación en el país”, señala una carta dirigida a la opinión pública, firmada por los académicos adscritos al SNI, que suman 170 y de manera similar a la firmada por los 500 investigadores del Tec, publicada el 26 de octubre.
Las universidades poblanas expusieron los temas de los proyectos de investigación que llevan a cabo sus académicos, como el lanzamiento de un nanosatélite al espacio, a cargo de la UPAEP.
AHORRO MÍNIMO
Señalan que la suspensión del estímulo a investigadores en instituciones educativas nacionales privadas representa menos del 4% de los estímulos a la productividad y calidad de la investigación que el gobierno entrega, a través del SNI, a la comunidad científica a nivel nacional.
El académico Miguel Ángel Mendez, investigador de la UDLAP –cofundador del foro internacional de química LatinXChem–, realizó un análisis de los más de 33 mil miembros del SNI, siendo mil 500 adscritos a instituciones privadas.
Según datos del Conacyt –cita– en publicaciones científicas, algunas de estas instituciones privadas –Tec de Monterrey (en el sitio 17 de las primeras 100) y la UDLAP (lugar 30)– muestran mayor productividad que universidades y centros públicos de investigación con más miembros del SNI (datos 1991-2011).
Los investigadores e investigadoras firmantes hicieron un llamado a Conacyt para que revierta la decisión.
