EXHORTO
Ante la situación de emergencia que se vive en Puebla por el repunte de contagios y decesos, el gobernador Miguel Barbosa advirtió que se podría generar una crisis por la movilidad social, provocada por los festejos de fin de año.
Por ello, solicitó “entender de qué se trata y volver a reordenarnos”, así como mayor disciplina y acatar las medidas sanitarias, al tiempo de pedirle al ayuntamiento de Puebla que haga la parte que le corresponde, en alusión al comercio informal en el Centro Histórico y los mercados.
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NEGATIVA
Una fuente confiable de la Secretaría de Educación Pública confirma que existe inquietud entre maestros y padres de familia, ante la versión de un posible regreso a clases presenciales a principios de enero próximo, como podría ocurrir en Chiapas, Campeche y Veracruz, lo cual ayer se reiteró que en el caso de Puebla es improbable.
Se pidió no generar confusiones ahora que estamos en el semáforo epidemiológico en color naranja, lo que impide pensar en la posibilidad del regreso a clases en próximos días.
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INVERSIONES
Puebla se ubica en la media nacional en la confianza de los empresarios que, en un contexto de dificultades económicas y de pandemia, consideran que actualmente es buen momento para hacer inversiones e inyectar capital, de acuerdo con un estudio de la Coparmex.
Mientras que en Guerrero, que es puntero en la medición, 51% de los socios del organismo empresarial piensa que es redituable hacer negocios y abrir fuentes de empleo, en Puebla sólo lo creen así tres de cada 10 de los integrantes de la Coparmex, aunque junto con Jalisco y Colima, más de la mitad se mantiene optimista y deduce que la situación en general mejorará.
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PREOCUPANTE
Otro estudio de relevancia, recién dado a conocer, es el que indica que después de Oaxaca, Puebla es la entidad que registra el mayor aumento en la tasa de niños y niñas que forman parte de la fuerza laboral no permitida, al subir durante dos años de 16.2% a 18.3%.
El estudio desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que la proporción escaló en 15 de las 32 entidades federativas y calculó que en el país existen 3.3 millones de menores de edad que viven en esta situación, cifra que podría incrementarse con las actuales condiciones de crisis económica y por la emergencia sanitaria.
