Guadalupe Juárez
La oferta era irresistible: un tanque de gas de 30 kilogramos a 100 pesos, cuando las gaseras lo vendían en 250 pesos.
La venta clandestina al inicio se hacía de boca en boca, sobre todo en las juntas auxiliares de la capital poblana, Coronango y Cuautlancingo. Llevabas tu cilindro vacío y te lo cambiaban por uno lleno.
Pero el mercado negro fue acaparado más por los distribuidores de gas lp, los conductores de pipas que llenan los tanques estacionarios y los repartidores de los cilindros que aprovechaban que no había un control estricto en la emisión de facturas y daban a sus clientes los tanques con el combustible robado. El dinero extra era para ellos.
Sí, puede que hayas comprado cilindros con huachigás o llenado tu tanque estacionario con el combustible robado y pagado lo mismo.
Era 2017 y desde el 1 de enero el precio del combustible dependía de oferta y demanda, por la liberación de precios que generó la Reforma Energética.
Y sí, había demanda, porque ocho de cada 10 hogares en México utilizan como principal fuente de energía el gas lp, según un estudio de 2016 de la Secretaría de Energía.
Además, la dependencia federal indicó que varios sectores dependen del gas licuado: el autotransporte 14%, el industrial 11% y el de servicios 15%.
A tres años de distancia, el mercado negro del gas licuado permanece, los tanques vendidos en las calles a plena luz del día, como confirmó Protección Civil Municipal de Puebla, todavía son más baratos que los distribuidos de manera legal por las gaseras.
En febrero del año pasado, el titular de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvatori, indicó que se habían detectado 25 colonias en la capital del estado, donde se comercializaba el gas licuado sin las normas de seguridad adecuadas.
Para burlar a las autoridades –reveló–, las pipas o los vehículos donde se vende de manera ilegal el combustible son escondidos por familiares o vecinos en cocheras y patios.
En Cuautlancingo y Coronango, un tanque de 20 litros, que se vende en 350 pesos, clandestinamente cuesta 280 pesos en juntas auxiliares con personas que los distribuyen en mototaxis.
En Santa María Xonacatepec, en la capital del estado, era habitual ver las filas de unidades de transporte público para cargar litros de gas a sus tanques, porque por 100 pesos podían llenarlos. Cuota fija. Los vecinos han guardado silencio y ya evitan hablar del tema; otros son familiares de quienes venden y unos más, incluso, rentan sus patios traseros para guardar pipas.
Hasta ahora, el mercado negro de gas licuado es más redituable que el de gasolinas y diésel robados, porque no se registran accidentes relacionados con su traslado, a pesar de que las autoridades han advertido que su extracción es más peligrosa.
De hecho, cuando hay fugas de gas ocasionadas por la ordeña de los ductos, las corporaciones de seguridad han tenido que desalojar a comunidades completas ante el riesgo de explosión.
La madrugada del 12 de septiembre de 2018, en Villa Frontera, al norte de la capital poblana, desalojaron a las familias de la unidad habitacional por una fuga de gas descomunal.
El 2 de septiembre de 2020, dos años después, las autoridades encontraron un túnel utilizado por los grupos de huachigaseros para extraer el combustible de los ductos que atraviesan en esa zona.
Tampoco se ha detectado que el gas licuado provoque daño al usarlo en estufas o los calentadores de agua, contrario al que la gasolina robada hacía con los motores de los vehículos.
Lo que sí, la industria del gas, conformada por organismos como la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), ha advertido que el traslado de esta sustancia es un riesgo, porque se utilizan pipas clonadas para simular que se trata de empresas legales, pero no cumplen con las normas de la Comisión Reguladora de Energía.
La Secretaría de Seguridad Pública en sus operativos identifica cuando se traslada gas licuado de dudosa procedencia, posiblemente robado, cuando en revisiones se encuentran con facturas de varias empresas gaseras, aunque los vehículos están rotulados con logos de una distinta, y carecen de permisos del gobierno federal.
Esta forma de operar de las bandas delictivas ha afectado a los propietarios de pipas de agua y de gas lp, porque se han convertido en un blanco para los ladrones de vehículos, ya que los utilizan para trasladar el combustible que roban directo de los gasoductos.
Así, el año pasado, Puebla se convirtió en el primer lugar a nivel nacional por el número de denuncias ante la Fiscalía General de la República de pipas que trasladan gas licuado. Un delito que crece, y que parece no detenerse.
