Diana López Silva / Guadalupe Juárez
Con las reformas al Código Civil que permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo sin necesidad de un amparo, así como el reconocimiento al concubinato igualitario, en Puebla se da certeza jurídica para que ya a nadie se niegue el derecho de casarse; también brinda acceso a pensiones, seguros médicos, testamentos y seguridad social.
Brahim Zamora Salazar, coordinador del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) opinó que la lucha ya no era permitir o no las uniones entre dos hombres o dos mujeres –que se hacía por la vía jurídica o lo que se permitía en determinados municipios–, sino reducir la brecha de desigualdad.
De 2015 a 2019, en la entidad se casaron 145 parejas del mismo sexo, 83 matrimonios entre mujeres y 62 entre hombres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Zamora Salazar calificó la aprobación de la iniciativa de matrimonios igualitarios como algo “bastante bueno”, al señalar que era inminente hacer el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo en la entidad.
Gabriela Cortés Cabrera, del Centro de Sensibilización y Educación Humana del Taller A.C., celebró que después de años de lucha por parte de colectivos para reconocer los matrimonios igualitarios, el Congreso local legislara al respecto.
El acta de matrimonio bajo el nuevo marco legal abre la puerta para ejercer otros derechos que habían sido negados a uniones homosexuales, aunque –advierte– puede que no derribe todos los muros de discriminación en su contra.
Todavía falta una pared por tirar: la discriminación procedente de posturas religiosas, privilegiada por algunos funcionarios, aseguró Cortés Cabrera.
Confió que este reconocimiento legal del matrimonio sea suficiente para hacer trámites ante instituciones estatales.
¿Un alto a la discriminación?
Cuando la pareja de Gabriela enfermó y la hospitalizaron, el personal médico ni siquiera la consideró en la lista de quienes podían recibir informes sobre el estado de salud de la paciente, como suele hacerse con cónyuges heterosexuales.
Gabriela tomaba decisiones, pero era desoída. Hecha a un lado, tuvo que recurrir a su suegra; ella sí podía estar enterada, elegir a nombre de la enferma, ser responsable oficial.
Familiar directo, vamos.
Prohibido dar informes a Gabriela.
“Se nos sigue tachando de anormales y de gente enferma y no es difícil pensar cuántas parejas tienen miedo de visibilizar cuando les niegan estos derechos”, dice.
Aun cuando la decisión de los pacientes era depositar toda su confianza en la pareja, la ley decía que el cónyuge o era “el hombre” o “la mujer”. Y si quien estaba fuera del cuarto era otra mujer u otro hombre, no podía saber ni opinar; aún menos, decidir.
Hacía falta un papel. Ya lo pueden obtener.
Diputados saldan deuda con reformas
Entre reproches de diputados, celebraciones de activistas y la condena de grupos conservadores, el Congreso de Puebla aprobó ayer reformas al Código Civil del Estado para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad.
En sesión ordinaria, por mayoría de votos (31 a favor, cinco en contra –cuatro de ellos de la bancada panista– y tres abstenciones), los diputados locales establecieron que un matrimonio “es un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad”, con lo que eliminaron el concepto que sólo reconocía la unión legal entre un hombre y una mujer.
La diputada morenista, Vianey García Romero, –quien impulsó la iniciativa– destacó que el matrimonio igualitario ha sido una demanda constante en Puebla desde hace una década y rechazó que se trate de lucrar con el tema en época electoral, como acusó la oposición.
