Por: René Valencia
Hasta 1.4 millones de pesos pagaron en 2019 a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CPC) por prestar sus servicios a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), revelan los contratos por honorarios.
El 25 de junio el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que en dicha instancia había sueldos de cerca de 140 mil pesos, además de recibir “compensaciones, viajes y un sin número de prebendas”.
Ese mismo día, el CPC emitió un comunicado para rechazar que sus sueldos mensuales fueran por 140 mil pesos e incluyó un tabulador de pagos, el cual detalló que la presidente percibió 1.3 millones de pesos y los comisionados 1.2 millones de pesos anuales, es decir, cerca de 108 mil y 100 mil pesos.
El Sistema Estatal Anticorrupción difundió que durante el ejercicio 2019 no hubo contratación de personal, pero sí pago de honorarios. La entonces presidente del CPC, Catalina Aguilar Oropeza, recibió 1.4 millones de pesos, consta en el contrato SESEA/DA/001/2019.
En noviembre de ese año fue nombrada subsecretaria de Violencia en la Secretaría de Igualdad, y removida el 14 de junio. Francisco Javier Mariscal Magdaleno permanece como integrante del CPC.
En 2019 firmó el contrato SESEA/ DA/004/2019 que detalla que por sus servicios recibió 1.4 millones de pesos, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir, 121 mil 677 pesos mensuales.
José Alejandro Guillén Reyes aún forma parte del CPC y en 2019 firmó el contrato SESEA/ DA/005/2019 en el que aceptó el pago de sus honorarios por más de 1.4 millones de pesos, mismo caso para María del Carmen Leyva Báthory.
En tanto, Eira Zago Castro cobró 182 mil 516 pesos sólo por noviembre y diciembre, lo que significa que mensualmente recibe 91 mil 258 pesos, siendo la que menos percibe de este grupo.
