** La decisión debe sustentarse en un diagnóstico médico, respaldado por estudios y análisis clínicos, explica académico
Ilse Aguilar
La Ley de voluntad anticipada protege la dignidad y la autodeterminación de las personas con enfermedades terminales que deciden no continuar con tratamientos que prolongan su agonía, destacó Armando García Ariza, académico en la Escuela Libre de Derecho.
En entrevista con Crónica Puebla, precisó que esta decisión debe sustentarse en un diagnóstico médico de enfermedad terminal, respaldado por estudios y análisis clínicos.
tratamiento paliativo
A diferencia de la eutanasia –en donde un profesional de la salud ayuda a un paciente terminal a morir–, en la ortotanasia, los profesionales de la salud otorgan al paciente tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad y de la muerte.
Con la Ley de voluntad anticipada, el paciente decide si quiere seguir bajo tratamiento médico o si opta por cuidados paliativos. El objetivo es proteger su dignidad.
Ciudad de México fue pionera, al aprobar la Ley de voluntad anticipada en enero de 2008. Ahora, Puebla se suma a 16 entidades que ya la han aprobado.
García Ariza enfatizó la necesidad de generar conciencia en los familiares, así como una cultura en torno al tema.
Procedimiento Legal
Para que la voluntad anticipada sea válida, el paciente debe expresar su deseo ante un notario de manera consciente, con dos testigos.
Si el paciente se encuentra en coma o en terapia intensiva y no ha expresado esta voluntad previamente, no se podrá aplicar.
Si se violenta este derecho, se puede promover un juicio de amparo por vulnerar el derecho a la autodeterminación.
En cuanto a los médicos, su principal objetivo es procurar la vida y hacer todo lo posible por salvarla, salvo en casos de voluntad anticipada, en los que su actuar debe regirse siempre por estándares y códigos éticos.
El pasado lunes, el Congreso de Puebla aprobó el dictamen para reformar la Ley de Salud, permitiendo que las personas desahuciadas tengan una muerte digna. Esta iniciativa fue promovida por el diputado del PT José Miguel Octaviano.
