Guadalupe Juárez
Ariadna Marlene Simón Aguilar y su familia no tenían que vivir esto, pero lo viven.
Han pasado tres años y siete meses desde que Nazaria Iraís, su hermana, salió de casa en San Jerónimo Tecuanipan y no pudo regresar porque ese domingo tres hombres abordaron su auto que trabajaba como taxi, la sometieron, violaron y asesinaron.
Era 24 de septiembre de 2017. Nazaria Iraís, maestra de bachillerato, tenía un hijo de 12 años –ahora de 15– y su familia comenzó a buscarla desde que, según sus cálculos, debió acabar el viaje que aceptó cubrir.
Encontró el auto y, luego, en un paraje llamado Los Frailes, el cuerpo; con tantos golpes que el rostro “ya no era el de ella”, relató su hermana.
Y entonces, sucedió lo que no debía pasar: los peritos manipularon cadáver y pruebas sin equipo, ni siquiera batas. Ariadna les consiguió todo, hasta bolsas para resguardar los indicios del crimen.
En el vehículo Nissan que Nazaria Iris usaba de taxi para completar ingresos se hallaron más rastros, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) los desechó. Las pruebas se echaron a perder por el clima.
Un mes después, policías detuvieron a los tres presuntos feminicidas. Asesinaron a Nazaria Iraís tres horas después de haber abordado su taxi.
Pero, a más de tres años, el proceso está detenido.
Por las anomalías de la recolección de pruebas, sólo uno de los tres feminicidas está relacionado formalmente con el crimen. La defensa pide que sean liberados los otros dos.
Para evitarlo, Ariadna y su familia pidieron apoyo el martes y ayer, desde las 8:00 horas protestaron frente a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula.
Que no liberen a estos feminicidas. Que las mujeres del entorno estén a salvo.
Lo peor que ha vivido la familia de Nazaria Iraís es tener que hablar con la defensa del único implicado contra quien sí hay pruebas claras.
La estrategia de su abogado consiste en que, con el denominado criterio de oportunidad él se beneficie con la reducción de hasta un tercio de la condena a cambio de que señale a los otros dos feminicidas y pueda destrabarse el proceso.
Ese avance significa que haya reparación del daño al hijo de Nazaria Iraís.
“Si (las autoridades) hubieran hecho su trabajo desde un principio, no estaríamos pasando por esto, que nos piden hacer un trato con el asesino”, dijo Ariadna.
Personal de la FGE le insistió en renunciar a la reparación del daño. “Lo rechacé, porque mi sobrino está en la orfandad; sin sentencia sigue desprotegido”, agregó.
Le ofrecieron una beca, la misma que cualquier niño o adolescente de bajos recursos puede tener, pero nada de lo que señala el artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: abogados, médicos y psicólogos especializados y gratuitos que le permitan recuperación.
Además de garantizar educación gratuita, como se instruye para víctimas indirectas de feminicidio.
Al terminar la audiencia de ayer, les comunicaron que la jueza optó por mantener las medidas cautelares y habrá 15 días más para definir la situación de los dos señalados que buscaban su libertad.
