Por: Jorge Alberto Calles Santillana
Desde el miércoles pasado, la opinión pública se encuentra desconcertada por la forma en la que las instalaciones de la Universidad de las Américas-Puebla fueron tomadas por la policía local.
Ese día, desde temprano empezaron a circular por las redes sociales mensajes que informaban que elementos, tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Estatal, habían llegado al campus de Cholula para tomar posesión de sus instalaciones y retirar de ellas al personal administrativo que allí laboraba. Algunos de estos mensajes eran acompañados de fotografías y videos. Horas más tarde, durante una conferencia de prensa virtual, el rector Ernesto Derbez aclararía que en la toma de las instalaciones no había habido participación de la Guardia Nacional.
Entre la comunidad académica poblana existe preocupación por las repercusiones que el conflicto podría llegar a tener sobre la institución, una casa de estudios con amplio reconocimiento nacional e internacional.
Desde su instalación en Cholula, en 1970, la vida de la Universidad de las Américas-Puebla ha estado marcada por el desarrollo entrelazado de dos historias que, no obstante, tienen dinámicas propias. Por un lado, los conflictos a que dio origen en el seno de la familia Jenkins la decisión de William, el patriarca, de entregar su fortuna a una fundación a nombre de su extinta esposa, Mary Street Jenkins, han dejado huella y provocado fuertes controversias.
La sociedad poblana recuerda con claridad los conflictos de 1985 y, el más reciente, el de 2005-2006. La disputa por los fondos entre la fundación creada por el viejo Jenkins y la fundación a cargo de la universidad ha permeado la vida institucional, pues la comunidad ha debido trabajar, desde siempre, con el temor de que las pugnas familiares terminen por hundir a la universidad en un caos de efectos dañinos irreversibles. La forma en la que este enfrentamiento ha iniciado hace creer a muchos que la explosión temida podría estar en proceso.
Por otro lado está la historia del proceso académico de la institución. En medio de zozobras y temporales inseguridades, cientos de académicos que por muchos años han puesto allí sus habilidades e intereses sociales al servicio del conocimiento y de los jóvenes han hecho posible que la institución haya alcanzado niveles de excelencia, valederos para frecuentes reconocimientos nacionales e internacionales.
Esta es la historia que más preocupa. Esta historia y su importancia para la vida de Puebla parecen peligrar. Sobre todo, porque no deja de provocar escalofríos ver imágenes de gente uniformada portando armas de alto calibre dentro de un recinto cuya naturaleza y cuya esencia son antípodas a la fuerza y la violencia.
Preocupa que esto ocurra en tiempos políticos en los que la opinión pública se nutre de todo, menos de información clara. Es difícil saber qué realmente es lo que sucede en este caso y qué actores podrían estar detrás promoviendo este nuevo episodio conflictivo.
Quienes conforman el nuevo patronato acusan a los miembros de la familia Jenkins de usos fraudulentos de los recursos, en tanto que el rector Derbez acusa violaciones al estado de derecho pues no se respetaron amparos que la institución había obtenido para evitar una situación como la que está ocurriendo.
Preocupa que se haya recurrido a la toma de las instalaciones en la forma en la que se hizo y que el proceso pueda no apegarse al derecho. Preocupa que a pesar de que el nuevo patronato informa que la vida académica no se verá afectada, las instalaciones sigan estando tomadas y la comunidad no tenga acceso a ellas. Preocupa que las cuentas hayan sido congeladas y que el personal académico y administrativo no pueda cobrar salarios durante no sabemos cuánto tiempo y, eventualmente, pueda perder sus plazas. Preocupa que muchos estudiantes vean truncados sus procesos de formación y muchos padres de familia empiecen a dudar sobre la conveniencia de permitirles a sus hijos optar por esta universidad. Preocupa que el conflicto termine por dañar la reputación de esta institución educativa, en momentos en los que México reclama jóvenes con mejor formación. Preocupan las repercusiones para nuestro estado porque la UDLA-P, junto con otras instituciones también de excelencia como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Iberoamericana campus Puebla y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla han hecho posible que Puebla sea referente en el contexto de la educación superior del país.
Preocupa, finalmente, que la opinión pública no cuente con la información necesaria para entender el verdadero trasfondo de este problema y que éste termine por convertirse en asunto que azuce los ya peligrosos niveles de polaridad social que vivimos. Es necesario que se aplique a cabalidad el estado de derecho. Si existen actores que efectivamente han defraudado deberán ser juzgados con el rigor de la ley. Sea quien fuere. Pero también deberá respetarse el estado de derecho para rescatar y salvaguardar un proyecto académico que ha contribuido con mucho al desarrollo de Puebla.
