Por: Jorge Alberto Calles Santillana
Agenda Ciudadana
Dos personas fallecidas, 17 heridas –siete de las cuales están graves–, alrededor de 260 casas con diferentes grados de afectación, más de 500 animales muertos y cerca de 2 mil personas removidas de sus hogares es el saldo que recientemente ha dejado la explosión de una toma clandestina de gas LP en San Pablo Xochimehuacán, al parecer provocada por la extracción que realizaba una pipa, en la madrugada del día 31.
La desgracia trajo a la memoria aquella explosión ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019, en la que murieron más de 130 personas y que se convirtió en una noticia que recorrió el planeta. Por supuesto, el suceso de Xochimehuacan provocó que el huachicoleo recuperara visibilidad y fuera leña que encendiera el debate polarizado acerca de su combate y el poder alcanzado por el crimen organizado.
Excluido de la agenda mañanera, el huachicol es, sin duda, uno de los problemas más serios que enfrenta México porque merma significativamente los ingresos estatales, extiende y fortalece las redes de corrupción del país, empodera cada vez más al crimen organizado y porque, además, se extiende cada día vez más y alcanza ya zonas urbanas exponiendo a la población civil a permanentes peligros.
Datos de Pemex confirman la relevancia del fenómeno. De enero a abril de este año, la empresa registró 3 mil 579 tomas clandestinas, lo que representó un crecimiento cercano al 10 por ciento respecto del número registrado en ese mismo período el año pasado. Según especialistas en la materia, uno de cada diez litros de combustible comercializado en México es robado. ¡Uno de cada diez!
Aún cuando es difícil conocer con la profundidad debida el problema del huachicol debido a que no hay muchos estudios sobre él y a que las cifras conocidas son proporcionadas por la empresa paraestatal, se sabe, no obstante, que fue durante el sexenio de Peña Nieto cuando creció de manera exponencial, si bien su nacimiento se registra en el sexenio de Vicente Fox.
En 2019 fueron halladas poco más de 13 mil tomas clandestinas y hoy el robo de combustible es una realidad cotidiana en 22 entidades del país. No obstante, son cinco los estados los que concentran cerca del 85 por ciento de esas tomas: Hidalgo, Puebla, México, Guanajuato y Tlaxcala, en orden decreciente.
Un par de datos relevantes para Puebla: el primero, la tasa de crecimiento de tomas clandestinas en nuestro estado durante el último año superó a la de Hidalgo, el estado con el mayor número de tomas. Mientras que en Hidalgo el fenómeno creció en 32 por ciento, en Puebla lo hizo en 42 por ciento; el segundo: Puebla concentra el 70 por ciento de todas las tomas clandestinas de gas LP del país. 18 municipios poblanos, liderados por Tepeaca, San Martín Texmelucan, Acatzingo y San Matías Tlalancaleca están incluidos en las cien localidades con más tomas ilegales. Así pues, no es producto del azar que estas dos tragedias hayan ocurrido en Hidalgo y Puebla.
Aunque el nombre huachicol hace pensar en un fenómeno doméstico, lo cierto es que el robo de combustible ocurre no solamente en México. Conocido internacionalmente como “petro-piratería” es, según un estudio de la Universidad de Yale, una actividad multimillonaria cuyas ganancias fueron del orden de 133 mil millones de dólares, cifra equivalente al PIB de Kuwait de ese año.
Como sabemos, Kuwait es uno de los países productores de petróleo más importantes del mundo. Argelia, Nigeria, Malasia Irak y Colombia son países en los que el fenómeno tiene también una presencia importante.
Las pérdidas en todos estos países son también estratosféricas y la actividad ha cobrado un buen número de vidas civiles inocentes.
¿Qué tienen en común todos los países en los que el hurto de combustible es una práctica de larga vida y de difícil combate? Aun cuando no hay estudios que hayan analizado el fenómeno de manera comparativa, una rápida revisión de los casos permite identificar dos factores que bien podrían explicar buena parte de su ocurrencia.
En primer lugar, en todos estos países, a excepción de Colombia, la industria de hidrocarburos está controlada, mayoritariamente, por el estado y el petróleo es un símbolo de soberanía nacional; las suyas son economías petrolizadas. En segundo lugar, todos esos países, a excepción de Malasia, registran altos índices de corrupción. En el índice de Ausencia de Corrupción del World Justice Project, están clasificados en los últimos 39 lugares de una tabla que incluye 139 países. México, este año aparece en el lugar 135.
El combate al hurto de combustible ha sido una pesadilla para todos estos países. Esto tal vez se deba a que han diseñado solucionarlo con propuestas de tipo operativo, orientadas a evitar y castigar la actividad.
Así, por ejemplo, hay quienes en México han sugerido ofrecer contratos laborales de mantenimiento a pobladores de las regiones por donde atraviesan los oleoductos. Esto, piensan, propiciaría un mejor sistema de vigilancia y reduciría la avaricia.
La medida, aunque interesante, no deja de parecer inocente y limitada. Habría, tal vez, que pensar de manera más sistémica. Repensar, por ejemplo, las consecuencias del control estatal sobre sus recursos y sus legislaciones restrictivas, así como diseñar políticas que combatan de fondo y a largo plazo la cultura de la corrupción y sus múltiples prácticas.
Por lo pronto, el huachicol es una realidad en México. Cerrar los ductos y utilizar pipas no ha funcionado. Tragedias como las de Tlahuelilpan y Xochimehuacan continuarán sucediendo muy posible y muy lamentablemente.
