Al pie de la letra
Rodolfo Rivera Pacheco / [email protected] [email protected] twitter: @rodolforiverap / facebook: Juan Rodolfo Rivera Pacheco www.beapmexico.org
Analizar el “huachicoleo” –término que ya se asentó en nuestro lenguaje cotidiano– es una tarea que hay que realizar desde varias perspectivas –y no sólo la delincuencial, que es la que todos destacan, por ser la más visible del fenómeno–, pues en realidad abarca todo un abanico de temas sociales y gubernamentales. Y hay muchos responsables.
Las tomas clandestinas de ductos de Pemex comenzaron a aparecer hace unos 10 años, cuando algunos listos se dieron cuenta de que robar y vender lo que todos usamos diariamente era un estupendo negocio.
Cuándo y dónde fue la primera toma clandestina, nadie lo sabe, pero tuvo que haber alguien con conocimiento y algunos implementos tecnológicos para poder hacerlo.
Por ello siempre he pensado que los primeros huachicoleros fueron personal de la propia empresa paraestatal Pemex y luego otros aprendieron rápidamente.
Pero para poder perforar ductos también tuvo que haber complicidad, o al menos indiferencia, de distintos niveles de autoridad.
Las policías municipales, en primera instancia, en las alcaldías por donde pasan los ductos.
Por supuesto, alcaldes que se enteraron y no hicieron nada para impedirlo.
Miembros del Ejército y los entonces policías federales de caminos, hoy Guardia Nacional, que supuestamente vigilan las carreteras del país y el entorno de esos ductos.
Y, finalmente, gobernadores que sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada, o incluso se les sorprendió siendo cómplices o protectores de las bandas huachicoleras, como Rafael Moreno Valle a partir de 2011 y hasta 2018.
Directivos de Pemex y altos funcionarios federales también supieron del tema y nunca hicieron nada. Y quizás hasta presidentes de la República (priistas y panistas) que vieron el saqueo clandestino como una buena fuente de recursos para sus campañas y para sus propios bolsillos.
Esa es la parte “productora” del huachicoleo, pero falta la parte consumidora.
En este ciclo de corrupción en el que hay vendedores, hay también ávidos compradores de gasolina o gas barato.
Porque el grueso del combustible robado no se vende al menudeo solamente, sino por supuesto al mayoreo, en donde dueños de gasolineras y empresas gaseras compraban y compran combustible robado; grandes empresas que transportan cualquier cantidad de mercancía, y hasta gobiernos para mover sus flotillas de vehículos o patrullas.
Negocio multimillonario que, según cifras de Pemex, cuesta a la empresa más de 30 o 40 mil millones de pesos al año.
Finalmente, el huachicoleo también es un problema social, y analizar cómo combatirlo es lo mismo que debatir sobre cómo evitar que haya migrantes hacia Estados Unidos; cómo terminar con el ambulantaje y economía informal, o cómo evitar que haya evasión fiscal de los mexicanos. Sí, el debate es cómo erradicar la pobreza y luego la corrupción e impunidad en el país (y en Latinoamérica y en el mundo).
Los huachicoleros tienen una base social en los municipios y juntas auxiliares por donde atraviesan los ductos de Pemex, en primer lugar porque hay asentamientos irregulares que han permitido alcaldes y gobernadores.
Miles de familias se asientan como paracaidistas en zonas de riesgo y sobre ductos de combustible porque simplemente no tienen otro lugar donde vivir.
Los alcaldes lo saben y lo permiten porque no tienen otra forma de resolver el problema, pero también porque extorsionan a líderes de los grupos y organizaciones “sociales” y van dejando para el siguiente gobierno la solución del fenómeno, que por supuesto nunca llega.
Y, desde luego, mucha gente de los municipios y juntas auxiliares (no toda, pero sí un buen número) también empieza a involucrarse con los huachidelincuentes por necesidad o por temor a las represalias, pero para el caso es lo mismo: están inmiscuidos por obra o por omisión.
¿Qué gobierno y de qué partido resolverá este multifactorial tema de la huachidelincuencia en el que hay tantos involucrados responsables?
En serio. El gobernador o alcalde que lo haga pasará a la historia, y seré el primero en promover que haya una estatua en su honor.
