Por: Hervey Rivera
En la colaboración anterior comentaba acerca de “Rápido y Furioso” una operación encubierta -como se denomina en el ámbito policiaco- de la ATF, agencia federal norteamericana que persigue los delitos relacionados con el alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos; en la que se dio seguimiento a armas y traficantes de estas en la frontera entre Arizona (EEUU) y Sonora (México).
Las operaciones encubiertas son prácticas policiacas habituales en los EEUU en todas las agencias policiacas y de inteligencia: DEA, FBI, ICE, U.S. Coast Guard, CIA; estas agencias habitualmente planean acciones en campo en las que permiten que caminen armas, drogas, dinero o personas; para posteriormente seguirles el rastro. Rápido y Furioso fue una operación más dentro del Proyecto Gunrunner. El general Jorge Carrillo, un conocedor de esta materia escribió recientemente: [las agencias de seguridad e EEUU] lo hacen normalmente en linderos de la legalidad, del respeto a los gobiernos de países anfitriones que fueran sus supuestos aliados. Su credo es: si hay que violar algo, se viola. No se les puede suponer una actitud distinta. Es su tarea: los reclutan, forman, pagan y honran por ello (La Jornada, Del affaire Calderón, 15/may/2020).
La parte III del informe presentado por el congresista Darrell E. Issa y el senador Charles E. Grassley “Rápido y Furioso: La Anatomía de una Operación Fallida” (Fast and Furious: The Anatomy of a Failed Operation) acepta que estas operaciones son regulares en las agencias federales del gobierno por lo que señala que “una nueva política [de combatir el trasiego ilegal de armas en la frontera] revive una vieja táctica [operaciones encubiertas].
Un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 2009 señaló que anualmente año ingresan al país más de 200.000 armas, dos terceras partes provienen de EEUU. El origen de la violencia tiene un detonante con el uso de armas de fuego del grupos del crimen en la que lesionan o asesinan a civiles y elementos de seguridad con armas de diversos calibres que provienen de ese contrabando ilegal.
En 2009 el gobierno de Barack Obama instruyó a tomar medidas que contribuyeran a disminuir el trasiego ilegal de armas comercializadas en tiendas y ferias en los EEUU hacia México. Recordemos que la venta y posesión de armas en los EEUU es una actividad legal que cada estado varía en su regulación. ¿Qué podría salir mal en Rápido y Furioso? El seguimiento a personas y armas fue deficiente, en algún momento el rastro simplemente se perdió de parte de agentes de la ATF.
El informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia “Una revisión de la Operación de ATF Rápido y Furioso y asuntos relacionados” (A Review of ATF’s Operation Fast and Furious and Related Matters) es muy claro al respecto: señala responsabilidades y omisiones den toda la cadena de mando, del director de la agencia hasta los agentes de campo, así como al Fiscal federal de la zona:
[…] llegamos a la conclusión de que personal de ATF y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos responsable de la Operación Rápido y Furioso, no pudieron conducir la investigación con la urgencia, supervisión y atención al público, seguridad que fue requerida por una investigación que involucró la extraordinaria y consiguiente actividad de tráfico de armas de fuego.
La eficacia, responsabilidad y experiencia de los agentes de la ATF quedó en entredicho al señalar la incapacidad para manejar una operación de esa naturaleza.
A partir de finales de noviembre de 2009, los agentes del campo Phoenix de ATF División tuvieron múltiples contactos con agentes de la DEA e ICE relacionados con Operación Rápido y Furioso. La DEA proporcionó particularmente significativa información a ATF que podría haber permitido a ATF identificar una de la organización de tráfico de Celis-Acosta durante la compra un arma de fuego el 22 de diciembre. Sin embargo, ATF no realizó la vigilancia de la transacción porque estaban demasiado cerca las vacaciones y ATF aparentemente no tenía personal disponible para atender la operación.
Las repercusiones legales y políticas en EEUU alcanzaron a Eric Holder, Fiscal General de los EEUU, quien fue acusado por desacato en el Congreso de su país por negarse a entregar información sobre el caso de Rápido y Furioso, que detonó cuando en medios de comunicación se conoció el asesinato del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry en el lado norteamericano de la frontera en Río Nico, Arizona; el 14 de diciembre de 2010 a manos de traficantes que usaron armas de la operación Rápido y Furioso. Finalmente el presidente Obama ejercío sus poderes presidenciales para evitar que el Fiscal fuera acusado penalmente.
Tal como ahora, los Estados Unidos pasaban por elecciones y tanto republicanos en el Congreso, como demócratas en el gobierno aprovechaban las coyunturas para asestar golpes políticos. La operación Rápido y Furioso significó una larga cadena de errores que las instituciones y políticos norteamericanos difícilmente dejarían sin señalar, investigar y eventualmente castigar.
