Acerté en mi pronóstico, pero la realidad fue mucho más allá.
En este mismo espacio aseguré el pasado domingo que la Consulta Popular sería un fracaso y que, por mucho, no alcanzaría la participación ciudadana del 40 por ciento para que tuviera validez.
“Es de lamentarse que este histórico primer ejercicio que a nivel nacional se realice en el país esté sustentado en la farsa y el absurdo”, sostuve.
Dije también que ante tan predecible tropiezo, sus promotores de la 4T culparían al Instituto Nacional Electoral por no haberle concedido la debida promoción, lo cual abonaría al ruido mediático y a la polarización social que se promueve desde el nivel más alto del poder en el país.
Así ocurrió, pero en los efectos de la predicción me quedé bastante corto.
Cierto, la participación ciudadana fue más que precaria, apenas en promedio de un siete por ciento en el país.
Pero ahora resulta que Morena no sólo culpó al INE de la indiferencia ciudadana, sino que además amaga con pedir la remoción mediante un juicio político de su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, y del consejero Ciro Murayama.
Los acusarán de “atentar contra la imparcialidad y la independencia electoral”, y también, “de alguna manera”, porque indujeron la decisión popular.
Tal barbaridad, expuesta por Sergio Gutiérrez, representante morenista en el INE, ya fue avalada por el diputado federal poblano Ignacio Mier, quien consideró que los funcionarios electorales “ya cruzaron la línea”.
Desde luego que no hay manera de que prosperen en ese propósito, pero sus leños contribuyen acaso a mantener encendida la hoguera donde abunda la discordia y la confrontación.
Lo único cierto es que aun con sus absurdos, el ejercicio del pasado domingo deja un precedente interesante como inicio de un modelo de democracia participativa al que nos deberíamos acostumbrar.
Mucho tenemos que aprender a este respecto, y lo deseable es que en un futuro no muy lejano se ponderen mecanismos similares para que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones sobre asuntos de verdadero interés, trascendencia y utilidad.
Ya el propio gobernador Miguel Barbosa insinuó esta semana que en Puebla podrían explorarse estas formas de expresión popular en temas locales, y de hacerlo sería una enorme innovación que contribuiría a la cultura política ciudadana.
Sería en verdad muy sano acudir a las diversas prácticas de la democracia directa, ya sea el plebiscito, el referéndum o revocación de mandato.
En otros asuntos locales, llamó la atención el duro reclamo que hizo este lunes el propio mandatario estatal a los responsables del Programa Nacional de Vacunación, debido al precario suministro de dosis para la entidad poblana.
Y es que de acuerdo con cifras oficiales, inexplicablemente Puebla está ubicada en el último lugar nacional en el proceso de aplicación de vacunas, y como ejemplo mencionó que durante los últimos días 10 días se hizo una petición de un poco más de un millón de dosis, de las cuales sólo se surtieron 140 mil.
Esto hace que actualmente apenas poco más del 30 por ciento de poblanos tengan al menos una dosis, mientras que, en contraste, Baja California está con 79 por ciento y la Ciudad de México, con 86 por ciento.
La queja del gobierno estatal está más que fundamentada, pues se asegura que se cuenta con un sistema de salud vigoroso que ha brindado apoyo logístico de manera incondicional, además de equipos suficientes de refrigeración y un vasto programa de contención al virus.
No hay manera de explicar entonces las causas por las que no llegan más vacunas a Puebla, considerando incluso que se estima que la Federación tiene, en bodegas y disponibles, casi 20 millones de dosis de diferentes marcas.
Fue tal el enojo del gobernador Barbosa, que al considerar la vacunación como la principal arma para enfrentar la pandemia de COVID-19, dijo que si fuera necesario invertir en la compra de más dosis lo haría, porque ante el desabasto no puede quedarse con los brazos cruzados.
Es muy probable que no deba llegarse a tal extremo, incluso ya hubo respuesta que supone un pronto resarcimiento, pero el solo reclamo ya sentó un precedente en el país.
Lo que también resulta inédito es el planteamiento que el mismo mandatario poblano hizo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que haga un pronunciamiento sobre si la vacunación es un derecho o una obligación.
El tema ha ido escalando a nivel nacional, pero también en otras partes del mundo ante la posibilidad de que se imponga una cartilla o un comprobante de vacunación como requisito para poder acceder a espacios públicos.
La discusión versa sobre la libertad de las personas a decidir si se someten a la vacunación o no, pero también respecto de los riesgos que ello implica porque los omisos están poniendo en riesgo al resto de la sociedad.
Por lo pronto, ya el pasado martes se mostró el oficio remitido a la CNDH a fin de que determine si la vacunación es un derecho o una obligación, asunto que tiene gran envergadura porque sentaría un precedente de muy amplias repercusiones, si bien hay pesimismo sobre la posibilidad de una pronta respuesta.
“Ojalá ocurra antes de que acabe el COVID-19 en el mundo”, dijo en tono irónico el gobernador.
El tema no es menor y, como referíamos, está palpitante en otras partes del mundo donde amplios segmentos de la población se oponen a ser vacunados, pese al creciente aumento de contagios.
Un reciente estudio, realizado en 15 países por la prestigiada empresa global de inteligencia de datos Morning Consult, revela que en México el 19 por ciento de los entrevistados, casi uno de cada cinco, dijo tener dudas sobre vacunarse o de plano ha decidido no hacerlo.
De igual modo, el 31 por ciento de los estadounidenses rechazan o dudan vacunarse; en Australia son el 37, en Corea del Sur 33, y en Francia 31. El país con mayor porcentaje de rechazo a la vacunación fue Rusia con 53 y los menos escépticos fueron el Reino Unido (14), India (12) y China (8).
En la mayoría de esos países, el grupo de población que es más escéptico a vacunarse son los jóvenes adultos. En general, “son personas que rechazan el control que se ejerce sobre ellos, ya sea por el gobierno, los médicos o la industria farmacéutica. También son aquellos que tienen miedo sobre la seguridad de las vacunas, ya sea por la velocidad con la que fueron desarrolladas o por dudas sobre las intenciones reales de los laboratorios que las desarrollaron”.
Ante tal situación, algunos gobiernos han asumido medidas drásticas, no con muy buenos resultados porque se ha provocado malestar social, como ya ocurrió en Berlín.
En Francia, recientemente se anunció la obligación de mostrar un “pase de salud” que se otorgará a personas vacunadas y con estudios de resultado negativo para entrar a lugares de ocio y cultura, cafés, restaurantes, centros comerciales, aviones, trenes y autobuses de pasajeros.
Algunos otros países que exigen certificado para ingresar a bares o restaurantes son Austria, Chipre, Dinamarca, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Irlanda, Eslovenia, mientras que en Países Bajos, Alemania, Grecia, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suiza aplican criterios similares y lo han pedido incluso para ingresar al país.
Al respecto, Anthony Fauci, el máximo experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, ha dicho que la pandemia de coronavirus empeorará a corto plazo si tanta gente se resiste a vacunarse, y advirtió que los no vacunados afectan a todos los demás “porque están permitiendo la propagación de la enfermedad”, además que condenó a quienes insisten en que su decisión es un tema de “libertad personal”.
Los que no se inmunizan, señaló Fauci, están “pisoteando los derechos” de los demás al hacerlos más vulnerables. Cuando las personas no vacunadas se infectan, se propaga la dinámica de la epidemia, lo que produce un impacto en todo el mundo, replicó.
Y creo que tiene toda la razón.
