De persistir el estira y afloja, no se vislumbra a corto plazo el tan deseado regreso a clases, ni la normalización de la vida académica en la Universidad de las Américas-Puebla.
Tal escenario es de lamentarse.
Durante décadas, la institución ha ganado un alto prestigio nacional e internacional.
Su nivel de excelencia es incuestionable.
Sus aportaciones al conocimiento y a la investigación, así como su promoción a la cultura y al deporte, también están fuera de toda duda.
Ahí están como testimonio los miles de sus egresados que enriquecen la actividad productiva del país en distintos ámbitos de la vida nacional.
Esa reputación acopiada a pulso con esfuerzos y sacrificios, han hecho de la UDLAP un orgullo del estado de Puebla y del país.
Todos esos valores no deberían verse vulnerados por nada ni por nadie.
Por eso es de lamentar que quienes conducían el timón hayan incurrido en acciones indebidas.
Familiares en disputa de una enorme herencia.
Presunciones fundadas de decisiones equivocadas.
Un botín de 750 millones de dólares.
Acusaciones formalizadas en denuncias.
Intervención de autoridades judiciales.
Demandas y contrademandas.
Múltiples litigios que por complejos llevan su tiempo.
Pero además, en esa marabunta, otros personajes también reman en contra.
Entre ellos, los voceros gratuitos, avorazadas y perversas aves de carroña dispuestas a obtener ventaja con fines políticos.
Súmele otras manos ajenas de negro pasado: el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el exrector Enrique Cárdenas, entre otros.
Y ante ello, espacios propicios para versiones infundadas con medias verdades o con mentiras absolutas que nada aportan pero sí confunden, desorientan.
El caos.
Como en todo conflicto legal, las partes en pugna dicen tener la razón.
Ya llegará el momento en el que la balanza de la ley se incline y decida.
En ese intervalo, además del prestigio mancillado, hay por mientras una enorme comunidad universitaria agraviada.
Son casi 10 mil alumnos, 2 mil académicos y un buen número de empleados.
Tras la crisis sanitaria, no han podido acceder a su recinto.
Esa es la razón de urgir un entendimiento.
Después de siete meses de disputas, hace falta un acuerdo que privilegie a los alumnos afectados que son, finalmente, la razón toral de la vida de esta universidad.
No parece fácil, pese a que hoy en día no exista ya obstáculo alguno para recobrar la vida académica de la institución.
Las puertas están abiertas.
El mandato judicial expedido en la víspera supone las condiciones necesarias para el regreso a clases presenciales y la normalización de actividades, pero una de las partes así no lo interpreta. No le conviene.
Bajo su óptica, hacerlo de manera implícita significaría el reconocimiento al nuevo Patronato de la Fundación Jenkins y a su actual rector Armando Ríos Piter.
Entra aquí el conflicto de intereses; también son parte y de ahí su visión convenenciera a la resolución judicial que se tenga que dar.
Por eso su pretensión de condicionar el retorno como arma de defensa a quienes están acusados de haber saqueado a la institución, léase los demandados de la familia Jenkins y a Luis Ernesto Derbez.
Todo un círculo vicioso, aunque siempre hay una salida.
Una, la más viable, sería recurrir al diálogo impulsado desde lo más arriba.
Un mediador imparcial aun sabiendo que hay en este conflicto una enorme e irreconciliable confluencia de intereses, no todos válidos por cierto.
La dimensión de las discordancias hace suponer entonces que sólo mediante una medida extrema se podría incursionar a la ruta del entendimiento, así sea de manera eventual mientras que los litigios en curso se resuelvan.
¿Se ha pensado en algún momento en una tercera opción?
¿Cabría un interinato designado tal vez por la SEP federal para que recupere la vida académica de la universidad?
Dicho de manera coloquial: a las partes en disputa, por ahora, ni melón ni sandía.
Ya después la ley decidirá y pondrá a cada quien en su lugar, así sea, según el caso, la cárcel misma.
